La Abogacía del Estado va a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) frente al fallo judicial a favor de la comunidad de montes vecinales en mano común de Salcedo, a la que se le ha reconocido la propiedad de los terrenos en los que se asienta el acuartelamiento de la Brilat, en la base militar General Morillo. La Abogacía del Estado considera que se trata de una sentencia "sumamente lesiva desde la perspectiva de la seguridad jurídica".

La representación legal del Estado advierte de que esta decisión judicial puede abrir paso a "revisar situaciones consolidadas por el transcurso del tiempo, con consecuencias imprevisibles".

La apelación que prepara la Abogacía del Estado hará hincapié en que la sentencia en primera instancia "otorga pleno valor al informe pericial de parte aportado por la Comunidad reclamante", mientras que "niega toda virtualidad a los títulos de propiedad del Estado, que se remontan a hace más de un siglo, y a las decisiones del Jurado de Montes de Pontevedra".

La Abogacía del Estado incide en que el Jurado de Montes de Pontevedra "negó, hasta en tres ocasiones, que las parcelas reclamadas en la demanda fuera montes vecinales en mano común". AYUNTAMIENTO

Por otra parte, el teniente alcalde de Pontevedra y portavoz socialista, Antón Louro, ha mostrado el "respeto" de su grupo municipal hacia esta sentencia "preliminar", de la que matizó que "no es firme", por lo que auguró el comienzo de un "largo procedimiento judicial" hasta que se produzca una resolución definitiva.

Louro abogó por "propiciar al máximo el diálogo y el entendimiento" entre el Ministerio de Defensa y los vecinos. En este sentido, el teniente alcalde socialista recordó que su grupo municipal colaboró en la exclusión de los núcleos rurales de Navalexo, Armada, Muimenta y Casal de la franja de seguridad propuesta en torno a la base militar.

Antón Louro destacó en su valoración que no se puede "pasar por alto" la importancia que supone la presencia de la Brilat en Pontevedra, desde el punto de vista socioeconómico.

Así, recordó que los estudios de Defensa cifran su repercusión en unos 40 millones de euros, de los cuales 34 corresponden al pago de las nóminas de las 2.500 personas que trabajan en el acuartelamiento. En la plantilla de la Brilat hay 1.700 gallegos, de los cuales 400 son pontevedreses.