La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) ha presentado una denuncia por presunta prevaricación contra el delegado territorial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Francisco Díaz Morillo, por el caso de un alumno de cuarto curso de ESO del instituto 'Los Álamos', en Bormujos, que tras haber cerrado el curso con cinco asignaturas suspendidas logró graduarse en contra del criterio del claustro de profesores al prosperar parcialmente ante la Comisión de Reclamaciones la impugnación de sus suspensos.

Así reza en el escrito de denuncia registrado en el Juzgado Decano de Sevilla, al que ha tenido acceso Europa Press, que asimismo se dirige contra "aquellas personas que hubieran podido colaborar, de forma necesaria"; en este caso, los miembros de la Comisión Técnica Provincial de Reclamaciones de la Delegación Territorial en Sevilla.

Y es que, según el colectivo, han existido en el caso "clamorosas infracciones" de lo prevenido en la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de Andalucía.

Por este mismo asunto APIA ha elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la "inacción" de la Fiscalía Provincial de Sevilla, centrando la misma en el "mal funcionamiento" de la Administración de Justicia, y en concreto, del Ministerio Fiscal, después de que el pasado mes de abril la asociación registrara un escrito de denuncia ante ésta contra Díaz Morillo.

"De los hechos denunciados pudiera desprenderse, como así se reflejaba en el escrito, una intención deliberada, por parte del titular de la Delegación, de eludir el cumplimiento de los preceptos legales, dictando resoluciones injustas, aun conociendo perfectamente esta circunstancia", insiste APIA, que sin embargo lamenta que, transcurridos más de nueve meses desde que se diera trámite al escrito de denuncia, no ha habido actuación alguna por parte de la Fiscalía.

El "injustificado retardo, o más bien la completa inacción", del Ministerio Público "podría ocasionar que el presunto delito quedara impune y sus responsables exonerados, 'de facto', de toda responsabilidad derivada de su comisión", advierte la asociación, que recuerda que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal ve como "falta muy grave" la "desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos o en el ejercicio de cualesquiera otras de las funciones que le fueran encomendadas".

La Consejería de Educación ya justificó este caso y otros similares —trascendió otro también en la provincia de Sevilla, en el colegio 'Aljarafe' de Mairena del Aljarafe— en criterios meramente técnicos, haciendo hincapié en la cualidad de puntuales de los mismos y en la profesionalidad del cuerpo docente andaluz.