El ex alcalde de Castro Urdiales Fernando Muguruza se sienta desde este lunes de nuevo en el banquillo, junto a otros cinco acusados, por las presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Trapur para desarrollar trabajos de desratización y desinfección en el municipio.

Tras el juicio del caso Mioño, en el Juzgado de lo Penal número 2 de Santander, ahora es la Audiencia Provincial la que vuelve a enjuiciar una de las causas abiertas en el municipio castreño.

En esta ocasión, la Fiscalía sólo imputa a cuatro personas, los ex concejales José Miguel Rodríguez López 'KyK' y Elisa Dopico; el gerente de Trapur y una funcionaria municipal. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por el ex interventor municipal Fernando Urruticoechea, también imputa a Muguruza y al ex edil Pedro Revuelta.

En el escrito de acusación, el Ministerio Público asegura que tras el cambio de gobierno municipal en Castro Urdiales en el año 2003, la entonces concejala de Sanidad, Elisa Dopico, "valiéndose de su cargo", dio orden "expresa y directa" a los funcionarios de su departamento para que a partir de entonces se encomendaran los trabajos de desratización y desinfección de vías públicas a Trapur "con exclusividad".

El objetivo, a su juicio, era "beneficiar económicamente a su compañero de partido político" (el PP en aquel momento), Pedro Llamas, como socio y administrador único de la empresa.

De esta forma, cuando se recibía una queja vecinal que requiriera la respuesta del servicio de desratización y desinfección, el personal municipal o la propia concejala se lo comunicaban a la empresa, que presentaba el correspondiente estudio y presupuesto, "en la mayoría de los casos cuando el trabajo ya se había realizado".

En año y medio la empresa giró al Ayuntamiento facturas por importe superior a 132.000 euros, y obtuvo un beneficio de más de 101.000 euros, tal como sostiene el fiscal, que también asegura que en febrero de 2004 la concejala recibió de Trapur un cheque de 1.000 euros "en concepto de obsequio o contraprestación por las continuas adjudicaciones".

A finales de 2004 Dopico fue relevada en la Concejalía de Sanidad por su compañero de partido José Miguel Rodríguez —que fue dado de baja de las filas 'populares' tras su imputación en otros de los procesos abiertos en Castro—. Según la Fiscalía, Rodríguez "mantuvo el método establecido por su antecesora". De esta forma, a lo largo de 2005 la empresa facturó otros 140.732 euros por sus servicios y logró un beneficio de más de 110.000 euros.

Ya en abril de 2005, la Junta de Gobierno Local dio cuenta de una nota de la Intervención que advertía de la necesidad de convocar un proceso de contratación y así se hizo, publicando el concurso a finales de año.

Para valorar las ofertas presentadas la Mesa de Contratación solicitó un informe técnico. El problema es que cuando la técnico municipal fue a entregar ese informe al entonces concejal de Sanidad, José Miguel Rodríguez, éste, "valiéndose de su superioridad laboral", hizo que se realizara una valoración entre ambos que fue la que finalmente se plasmó en el informe, lo que permitió la adjudicación a Trapur.

Peticiones de las partes

La Fiscalía solicita la mayor de las condenas para la concejala Elisa Dopico, primera que asumió las responsabilidades de Sanidad en el equipo de Gobierno y a la que considera responsable de poner en marcha un "sistema de contratación en el que se eludía de manera reiterada y consciente el procedimiento de adjudicación legalmente previsto", "seccionando" los servicios de desratización y desinfección como contratos menores.

En su opinión, la edil ha incurrido en un presunto delito de tráfico de influencias, un delito continuado de prevaricación y otro de cohecho. Por ello, pide para ella condenas que suman dos años y un mes de cárcel, 27 años de inhabilitación, la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de un año y más de 200.000 euros de multa.

Mientras tanto, para el ex portavoz 'popular' José Miguel Rodríguez y sucesor de Dopico en la Concejalía de Sanidad, la Fiscalía propone diez meses de prisión por un presunto delito de tráfico de influencias, junto con una multa de 200.000 euros. Además, solicita 15 años de inhabilitación (cinco por tráfico de influencias y otros diez por un supuesto delito continuado de prevaricación).

Por lo que respecta al gerente de Trapur, Pedro Llamas, le considera responsable de un presunto delito de cohecho por el que demanda un año y tres meses de cárcel y multa de 3.000 euros.

Por último, para la veterinario municipal que redactó el informe técnico que permitió la adjudicación a Trapur del concurso para el servicio de desratización, Itziar Muruaga, el fiscal solicita siete años de inhabilitación por un supuesto delito de prevaricación.

La acusación particular, por su parte, eleva algunas de estas peticiones y añade además a la lista de imputados al ex alcalde Fernando Muguruza y al ex concejal Pedro Revuelta. En el caso de Muguruza, dice que consintió las adjudicaciones irregulares y pide para él una condena de 10 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, la misma petición que plantea para Pedro Revuelta y para Itziar Muruaga.

En el caso de la acusación particular la mayor condena se solicita también para Dopico. En concreto, pide siete años y medio de cárcel, 22 de inhabilitación y unos 173.000 euros de multa por un delito continuado de prevaricación, otro delito continuado de tráfico de influencias y un delito de cohecho.

Por su parte, para Pedro Llamas solicita cinco años y tres meses de prisión, multa de más de 976.000 euros y nueve años de inhabilitación por delitos de cohecho y tráfico de influencias; mientras para José Miguel Rodríguez 'KyK' propone año y medio de cárcel, seis de inhabilitación y multa de casi 588.000 euros por un delito continuado de tráfico de influencias.

Por último, la acusación particular pide que Llamas devuelva al Ayuntamiento cerca de 487.000 euros, Dopico unos 86.000 euros y 'KyK' casi 294.000 euros. Además, solicita que se declare a los demás acusados responsables subsidiarios de esos pagos.