Marta Domínguez no tiene nada que ver con la 'Operación Galgo'. Este lunes quedó desvinculada totalmente, después de que la jueza Mercedes Pérez Barrios levantara un auto en el que la exculpaba de suministrar un fármaco sin receta a su 'liebre', Eduardo Polo, con el que realizaba sesiones de entrenamiento, y en abril, la magistrada anuló las escuchas telefónicas practicadas desde 2010 por la Guardia Civil.

Solucionadas ambas, ahora solo puede ser acusada de una infracción fiscal, aunque es probable que a finales de este mes también sea retirado. Todo rocambolesco, pues fuentes cercanas a la deportista reconocieron haber regularizado la situación fiscal hace tiempo: "Ese tema está regularizado hace mucho tiempo. Por eso, estamos esperando que a finales de mes la juez confirme que todo está en orden y todo quede resuelto".

"Ha sido una vergüenza nacional que no se merece un gran país, cuyo deporte se ha puesto en entredicho de manera injustificada", ha asegurado esta mañana Manuel Martínez, excapitán de la selección española de atletismo, que ha exigido "responsabilidades al grupo de causantes de este sinsentido". "No se pueden ir de rositas los que han causado tanto daño por la enorme trascendencia mediática que se le dio al caso".

Para Martínez, "los responsables de esta injusticia" demostraron no estar "a la altura". "Ha sido una metedura de pata demasiado grande y, por desgracia, intencionada. Si las personas responsables tuvieran un mínimo de moralidad, deberían de aceptar que también sufrieran las consecuencias de su grave error", ha asegurado.

La operación desarrollada por la Guardia Civil en 2010 se resolvió con 14 detenidos, entre ellos el el doctor Eufemiano Fuentes y el entrenador Manuel Pascua Piqueras, y solo ha sido sancionado dos años Alemayehu Bezabeh, tras ser detenido junto al técnico y Alberto León cuando, presuntamente, se iba a realizar una transfusión de sangre. El entrenador de Marta, César Pérez, y su representante, José Alonso Valero, siguen imputados.