El equipo turinés fue acusado por la fiscalía de Nápoles de haber querido manipular quince encuentros de la Primera División relativos a la temporada 2004-05.

Asimismo denunció que, el ex director general del Juventus, Luciano Moggi, había comprado 30 tarjetas telefónicas para móvil en Luxemburgo y Suiza, que distribuyó entre árbitros, jueces de líneas y dirigentes, en un intento de evitar la interceptaciones y poder dar instrucciones para cambiar el desarrollo de los encuentros a favor del equipo turinés.

Sobre estos cargos, el Juventus ha llegado a un acuerdo con la justicia deportiva y pagará 300.000 euros en tres años.

Imputado hasta un árbitro

Entre los otros imputados en este caso, el equipo siciliano del Messina también acordó una multa de 60.000 euros, mientras que el presidente de este club, Pietro Franza, pactó una suspensión por seis meses.

Asimismo, el árbitro Gianluca Paparesta, ya sancionado con dos años de sanción en el primer caso de fraude deportivo, pactó otros dos meses de suspensión.