Los grupos municipales de PP, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente han presentado este martes sus conclusiones sobre la comisión de investigación de los expedientes de infracción tramitados por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la capital malagueña entre los años 2006 y 2016, y que serán debatidas este miércoles.

Entre las conclusiones de cada grupo, el PP asegura que no ha habido injerencias políticas y la oposición habla de que el alcalde, Francisco de la Torre, sabía lo que ocurría y critican su "inacción".

Así, el grupo municipal 'popular' ha presentado entre sus conclusiones en lo referente a expedientes de infracciones que la Gerencia y sus responsables políticos y directivos "han actuado en todo momento de acuerdo a la ley", asegurando que así ha quedado "avalado y ratificado en distintas sentencias"; y que los expedientes de Villas del Arenal han sido tramitados "conforme a la ley y no se ha bloqueado la actividad administrativa".

Por otro lado, según las conclusiones del PP "no se ha dado ningún tipo de instrucción para 'dilatar expedientes'" y, además, que "ha quedado demostrado que no ha habido injerencias políticas en la labor de la GMU y sus trabajadores, que han actuado en todo momento conforme a criterios técnicos".

Que se toman decisiones "dentro de las competencias y conforme a ley; que el Consistorio "ha actuado con proporcionalidad y buscando soluciones siempre dentro de la ley"; y que esta comisión ha hecho un "juicio político paralelo la realizado por el TSJA", son otras conclusiones del PP.

Entre las conclusiones también los 'populares' dicen que los ceses de los exjefes fueron "por pérdida de confianza"; que no se desmanteló el servicio y que existían limitaciones de personal por ley; que el equipo de gobierno ha ofrecido transparencia y explicaciones; y que esta comisión ha puesto en evidencia el "oportunismo político" de algunos grupos de la oposición, por lo que también censura que hablen de "caos o cloacas".

PSOE

Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha informado de las conclusiones del PSOE, que "relatan algo muy evidente: que el alcalde y el concejal de Urbanismo estaban detrás de la trama ocurrida en el seno de Urbanismo".

"La GMU ha quedado más que cuestionada por la existencia de constantes injerencias políticas con el objetivo de que determinados expedientes urbanísticos caducaran sin que este órgano, el que debe velar por el cumplimiento de la legislación urbanística, hiciera nada por remediarlo sino todo lo contrario", ha advertido.

Ha afirmado que "se pidió a los funcionarios que miraran para otro lado y cuando no cumplían con las órdenes eran inmediatamente cesados", lamentando que "actuar de manera correcta no importaba, lo que valía era la oportunidad política, llevándose por delante el prestigio de la GMU, lo que ha supuesto una investigación judicial por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil".

"Con la forma de actuar se ha quebrado la garantía de imparcialidad que debe tener toda administración pública en cuestiones como la seguridad jurídica o en principios como la igualdad de trato y ante la ley", ha dicho, añadiendo que "ha quedado negro sobre blanco que el alcalde conocía todo lo que estaba ocurriendo".

Pérez también ha sostenido que la responsabilidad, además, ha sido de "los concejales y directores de distrito que se han visto salpicados por una intencionalidad indisimulada por dilatar y paralizar determinados procedimientos o llegar a la caducidad de los mismos previas órdenes de los responsables políticos en materia urbanística"; por lo que ha exigido responsabilidades políticas.

MÁLAGA AHORA

Por su parte, Málaga Ahora ha informado de sus 34 conclusiones, donde detallan "cómo la GMU se convirtió en la última década en un organismo opaco, plagado de injerencias políticas, despidos encubiertos, creación de equipos paralelos, miles de infracciones dejadas de lado y castigos a los empleados que denunciaban la situación".

Así lo ha precisado la portavoz, Ysabel Torralbo, que, además, ha esperado que "los tribunales tomen notan", asegurando que "quedan claras las responsabilidades políticas". Asimismo, ha dicho que "las dimisiones deberían comenzar por la jefa de Departamento de Infracciones (Leonor Muñoz Pastrana), el gerente (José Cardador) y llegar hasta Francisco Pomares, actual concejal de Urbanismo".

Torralbo defenderá, por tanto, que "han quedado constatadas las injerencias políticas no justificadas, que han perjudicado la tramitación de los expedientes de infracciones, especialmente en los de Villas del Arenal".

CIUDADANOS

Por su parte, Ciudadanos ha adelantado que presentará este miércoles 15 conclusiones en el cierre de la comisión, precisando que hasta seis de ellas atañen al caso de Villas del Arenal, que la formación naranja llevó el pasado septiembre a Fiscalía tras las denuncias en el seno de la comisión por parte de ex altos funcionarios de Urbanismo, que hablaban de posibles injerencias políticas en la labor inspectora.

Así lo han anunciado el portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Juan Cassá, y el viceportavoz, Alejandro Carballo, quien también preside la citada comisión de investigación, la tercera del mandato municipal.

Cassá ha recordado que la Fiscalía abrió diligencias tras la puesta en conocimiento por parte de Cs y que, posteriormente, ha añadido las denuncias realizadas por otros grupos de la oposición al proceso.

"Quiero ser cauteloso y vamos a respetar los tiempos y el trabajo de la justicia, como no podía ser de otro modo. Pero, desde luego, como representantes públicos hicimos lo que teníamos que hacer una vez que escuchamos acusaciones muy graves en el seno de la comisión de investigación que presidimos", ha argumentado. Por otro lado, ha subrayado que, según el devenir de las decisiones judiciales, los concejales a los que los altos funcionarios señalaron, Francisco Pomares y Teresa Porras, deberán asumir responsabilidades políticas.

Según Cs ha quedado probado "la falta" de medios con la que cuentan los diferentes departamentos urbanísticos, tanto en la labor inspectora y de disciplina como en la de concesión de licencias y permisos; "el desmantelamiento" de dicha labor inspectora, en la que llegó incluso a crearse una "unidad B"; "la inacción del alcalde y del equipo de gobierno pese a conocer el malestar de los funcionarios o la obligación de comunicar a responsables políticos y de distrito las acciones de disciplina".

IU MÁLAGA PARA LA GENTE

Por su parte, el grupo de IU-Málaga para la Gente pedirá este miércoles, tras una de sus conclusiones de la comisión, la dimisión del concejal de Urbanismo, así como la del coordinador de la GMU "por las responsabilidades políticas".

Además, el portavoz de IU-MPG, Eduardo Zorrilla, propondrá al resto de los grupos políticos reprobar la actuación del alcalde "por no actuar y mirar para otro lado a pesar de que como ha quedado plenamente acreditado era conocedor de unos hechos que consideramos de una enorme gravedad".

También ha calificado este caso "como escandaloso". Entre las conclusiones ha dicho que "ha quedado demostrada que hubo una decisión de dejar morir expedientes de infracciones, y para ello primero se desmanteló la estructura y después se estableció un procedimiento al margen de la ley, de obligado cumplimiento para el servicio de inspección, con instrucciones precisas para que esos expedientes pasaran el filtro y el visto bueno de los concejales de distrito, de forma que los expedientes eran ralentizados si los concejales ponían objeciones".

"Esta forma de actuar, aparte de irregular, supone unas claras injerencias políticas que podrían incurrir en delitos como el de prevaricación y por eso también se ha trasladado a la Fiscalía", ha concluido.