El empresario lucense Jorge Dorribo ha declarado este martes en el inicio del juicio por la denominada 'Operación Campeón' en la que ha manifestado que se ha quedado "sin nada". "Me he quedado sin nada, me lo quitaron todo", ha señalado.

Sobre las 10,20 horas de este martes ha arrancaco el juicio oral de la 'Campeón' sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma famaceútica Nupel. En la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo el principal investigado y propietario de esta empresa, Jorge Dorribo, solo respondió a la Fiscalía para explicar que se ha quedado "sin nada". "Me lo quitaron todo", exclamó en un momento del interrogatorio.

De los doce acusados que se sientan en el banquillo de los acusados solamente uno no llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, en concreto Javier Rodríguez, uno de los socios de la empresa Proitec que asesoraba a Dorribo.

La 'Operación Campeón' se inició a finales de mayo de 2011, tras las municipales de ese año, bajo la instrucción de la jueza Estela San José, en el marco de la que se investigó a varios cargos del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), junto al empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel.

Además, la investigación salpicó a altos cargos políticos de varios partidos; del PP, el exdiputado Pablo Cobián; del PSOE, José Blanco, que finalmente fue eximido de responsabilidades; y también cargos del BNG.

Antes del juicio oral, el único acusado que no pactó con la Fiscalía lucense, Javier Rodríguez, se mostró "tranquilo" y "sin problema", al tiempo que se ha declarado "inocente".

Tras él, Jorge Dorribo intentó evitar a la prensa en la entrada del juzgado con un simple "todo bien", tras lo que esbozó un "gracias, gracias". Finalmente, interpelado sobre si estaba arrepentido tras aceptar la acusación, se limitó a matiza que "va todo bien".

Ya dentro de la sala, el empresario lucense solo respondió a las preguntas de la Fiscala que se ajustó, sobre todo, a la relación de Dorribo con Proitec, empresa asesora, y sus socios.

Dorribo ha admitido que conocía tanto a Javier Rodríguez como a Carlos Monjero. "Ellos se movían bien, tenían buena relación en temas de organismos", ha sostenido. Además, aseguró que fueron los responsables de Proitec los que le presentaron al exdiputado del PP Pablo Cobián en A Coruña y que "era por el patrocinio de su hijo" a través de Nupel en un equipo de rallies.

Durante el interrogatorio, Jorge Dorribo declaró que se había quedado "sin nada". "Me lo quitaron todo", ha subrayado resignado el responsable de Nupel, quien aceptó cinco años y once meses de prisión -en principio se pedían hasta 19 años- por los delitos contra la Hacienda Pública, falsedad en documentación mercantil, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

DEFENSA

El abogado de Rodríguez, empresario que se enfrenta a una pena de más de cuatro años por un delito de cohecho y dos contra la hacienda pública, José Luís Fiuza, antes de la vista, ha mantenido que confía en "una sentencia absolutoria".

"Nuestro interés es defender la inocencia de Javier, creemos que es inocente y por eso nos hemos arriesgado a venir a juicio", ha subrayado el letrado.

ACUERDOS

Entre los que han llegado a un acuerdo con la acusación se incluye el que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, que ha pactado dos años de cárcel y el pago de más de dos millones de euros en multas por delitos contra la Hacienda pública, contables y de insolvencia punible.

El exdiputado Pablo Cobián ha asumido ocho meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, la inhabilitación para cargo público durante dos años y tres meses, así como una multa de más de 45.000 euros.

Para dos ex altos cargos del Igape, Joaquín Varela, con el que se reunió Dorribo una vez, y Carlos Gil, con el que mantuvo dos encuentros, según declaró el empresario, se imponen multas de más de 2.000 euros y un año de suspensión de empleo o cargo público por un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios.

El socio del único al que se juzga ahora, Carlos Monjero, también pactó diez meses de prisión. Mientras, el resto de los acusados han llegado a acuerdos que suponen meses de prisión inferiores a un año.

En principio se había pedido la sala de vistas para cinco días, aunque finalmente se autorizó hasta este jueves, jornada en que se confía que remate el juicio que llega seis años y casi seis meses después de que se abriera con el operativo que condujo a la detención de Dorribo y su ingreso en prisión y muchos de los que se sientan en el banquillo de los acusados.