Así lo ha explicado Quintana durante su intervención en el II Congreso de Seguridad y Prevención en el litoral de Canarias, que se celebra desde ayer en la capital tinerfeña.

En este sentido, denunció también la "precariedad laboral" a la que se ven sometidos los profesionales de la seguridad acuática, de los que, dijo, cobran "entre 600 y 700 euros al mes" y les coloca "en el umbral de la pobreza".

LAS LICITACIONES A LA BAJA, CULPABLES DE LA PRECARIEDAD LABORAL

De ello culpó a los ayuntamientos y las licitaciones que cierran con las empresas de socorrismo: "Muy a la baja, con presupuestos muy escasos y eso redunda en lo que se les paga", lamentó.

Por otra parte, criticó la "falta de identificación del propio profesional de la seguridad acuática", con múltiples denominaciones como "socorrista, guardavidas, salvavidas, nadador o salvador", algo que deja en un "agujero negro al propio profesional".

"Esto lo tiene que definir tanto la administración como el propio colectivo", defendió, al tiempo que puso el foco en la "falta de homogeneización para conseguir el título". Hay, dijo, una "absoluta anarquía para contrastar el nivel formativo del profesional de seguridad acuática en España".

AL PARLAMENTO EUROPEO LA PRÓXIMA SEMANA

Quintana, además, avanzó que la próxima semana acudirá al Parlamento Europeo, donde presentará el primer informe sobre ahogamientos que abarca los 28 países de la UE, lo que ha supuesto un trabajo intenso de recopilación de datos que lleva ultimando meses.