Para la organización, según han informado en un comunicado, "la no supeditación de una evaluación ambiental supone una grave contradicción e incumplimiento con los principios de evaluación

ambiental" y los criterios previstos en la legislación "a los que debe supeditarse cualquier proyecto".

Entre estos, según los ecologistas destacan "la protección y mejora del medio ambiente, el principio de precaución, la acción y cautelar, la corrección y compensación de los impactos sobre el medio ambiente, el criterio de quien contamina paga, el desarrollo sostenible, la integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones".

En este sentido, la organización ecologista ha mantenido en sus alegaciones que "los proyectos enumerados en el anexo I y II serán objeto de una evaluación ambiental ordinaria, con exposición pública, entre ellos, obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa. Por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras, según detalla la Directiva de la UE".

Por otra parte, reclaman que "se justifique la no afección a los estuarios de las desembocaduras de los ríos señalados, ambos LIC, y la de la zona arqueológica marina de la basílica paleocristiana de Vega del Mar y del Saladillo-Punta de Baños".

Asimismo, solicitan al Ministerio de Medioambiente que detalle en la publicación oficial los motivos por los cuales la primera fase del proyecto de estabilización y adecuación del borde litoral entre los ríos Guadalmina y Guadaiza ha sido excluido de la obligación de

realizar la evaluación ambiental.

En cuánto a las medidas previstas para evitar las afecciones o prevenir los efectos adversos significativos para el medioambiente, desde Ecologistas en Acción han reclamado que "lo indiquen como así lo exige la Unión Europea en una directiva".