Según han confirmado a Europa Press fuentes del caso, a Barrientos se le acusa de los delitos de falsedad, fraude y malversación -que van en concurso-; cohecho, prevaricación y tráfico de influencias, todos con carácter continuado. El ministerio público estima que se debe aplicar la circunstancia de dilaciones indebidas, que atenúa la pena, a todos los procesados por el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa.

Además del exregidor, que en ese momento pertenecía al PSOE, están acusadas otros cinco políticos, entonces miembros de dicha formación y también vinculados al Partido de Estepona (PES), que estaban en coalición en el Ayuntamiento, según el escrito de acusación provisional del fiscal, adelantado por la Cadena SER Málaga y El Mundo.

Durante las fases de la operación policial del caso 'Astapa', iniciada en junio de 2008, fueron detenidos, además de Barrientos, cargos políticos y concejales que entonces estaban en el PSOE y en el PES; así como empresarios, técnicos, abogados y empleados municipales, llegando a haber más de 100 personas investigadas, que finalmente se quedaron en 90.

En esta causa, se investigan diversas actuaciones municipales entre 2003 y hasta mediados de 2007 "orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios" para "financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición" en el momento investigado.

A lo largo del procedimiento se han investigado una treintena de convenios y se han detectado acciones relacionadas con el urbanismo, supuestamente llevadas a cabo por los principales acusados, tendentes "a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público, buscando a cambio ventajas actuales o futuras para sus partidos o para ellos mismos".

Para el fiscal, supuestamente el Gobierno en coalición creó una caja B en el Ayuntamiento para poder mantener o aumentar un gasto público que "era inasumible" del municipio, según la emisora; una caja que "eludía cualquier mecanismo de control interno o externo" y que "se nutría de las aportaciones económicas de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios".

Además, prácticamente todos los gastos generados por la campaña electoral del PSOE fueron sufragados, directa o indirectamente, por empresas, señala el rotativo, utilizando el PES los mismos métodos para su campaña. En este punto, el fiscal pone como ejemplos varios conciertos y eventos culturales y explica la situación de ambos partidos en cuanto a saldo en cuentas y número de afiliados.

Asimismo, señala que utilizaron el método de préstamos personales que algunos acusados pondrían a disposición del partido para gastos electorales, sin que luego, supuestamente, tuvieran que amortizarlos con sus ingresos personales, pues habrían recibido, según el fiscal, cantidades para reembolsarlo de forma inmediata o atender los sucesivos vencimientos.

Barrientos declaró por primera vez desde su detención en diciembre de 2016 y defendió su inocencia, explicando distintos aspectos de la instrucción relacionados con los expedientes urbanísticos, así como su patrimonio y el de sus familiares que en ese momento estaban investigados y que posteriormente salieron de la causa.