En este marco, el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes el anuncio de apertura de plazo para alegar, tras recordar que el Pleno municipal del día 27 de julio de 2018 tomó conocimiento del acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre la aprobación inicial del este plan.

Así, según la información recogida por Europa Press, el plan se somete a información pública mediante la publicación en el BOP y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo mínimo de 30 días, aunque el alcalde, el socialista Juan Espadas, ya anunció que estaría abierto hasta el 28 de septiembre para que hubiera un mayor plazo para la presentación de alegaciones al estar por medio la temporada estival.

El plan, que estará a disposición de los interesados en el registro general municipal, en la web 'planviviendasevilla.emvisesa.org'y en el Portal de Transparencia de esta corporación, estará dotado con 280 millones de euros de inversión público-privada para aumentar en 3.500 el parque de viviendas de la ciudad y otros 38 millones para la puesta en marcha de un programa de ayudas sociales y para la rehabilitación.

Se prevé el desarrollo de una veintena de medidas, prestando especial atención al alquiler y al desarrollo de viviendas asequibles y sociales para todos aquellos con rentas superiores a los ingresos mínimos para acceder a las ayudas sociales pero para los que los precios del mercado son muy elevados.

En este contexto, se apunta a la promoción de mil nuevas viviendas mediante la activación de la vivienda protegida de la iniciativa privada. Esto se realizará permitiendo el aumento del margen de beneficio con este tipo de pisos para las empresas, ya que irá dirigida a familias con hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple (Iprem) y que estén dispuestas a alquilar durante un mínimo de diez años.

Así, los sevillanos tendrán precios entre un 20 y un 40 por ciento más baratos que la renta libre, con alquileres entre 450 y 600 euros, y el arrendatario tendrá la obligación de prorrogar al arrendador. Esta línea se complementa con programas de ayudas sociales a las familias y bonificaciones fiscales para los promotores del impuesto de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) de alrededor del 50 por cuento.

OTRAS MIL VPO, 300 PISOS REHABILITADOS Y 21 MILLONES PARA PAJARITOS

También, se plantea desarrollar más de mil viviendas de protección oficial (VPO), donde una parte se destinará a la venta con el objetivo de financiar el resto de líneas de intervención pública como la promoción de alquiler o la compra de pisos. Así, el 60 por ciento de los inmuebles se destinará a alquiler y el 40 por ciento restante a la venta.

También, se plantea captar 550 inmuebles vacíos en cinco años para que sean o adquiridos por el Ayuntamiento o cedidos para su alquiler. En este sentido, se van a habilitar nuevas líneas de financiación y desde septiembre, una vez cerrado el primer programa de captación, se abrirá una convocatoria abierta permanentemente para la venta de viviendas a Emvisesa.

Igualmente, se apunta a la rehabilitación de unas 300 viviendas como otro de los ejes del plan, donde la prioridad estará en Tres Barrios-Amate y en Los Pajaritos, donde se aboga por continuar el proceso de demolición de bloques, creación de nuevos inmuebles y reordenación de la zona. De hecho, de los 38 millones destinados rehabilitación, un total de 21 millones irán destinados a Los Pajaritos.

NUEVAS FÓRMULAS PARA ATENDER A LA CRECIENTE POBLACIÓN MAYOR

El plan recoge, asimismo, el desarrollo de nuevas fórmulas de intervención novedosas, con "al menos tres proyectos" para cooperativas de viviendas protegidas sobre suelos municipales que se sacarán a licitación pública. Con ello, se pretende aumentar el parque en unas 400 viviendas.

Este tipo de proyecto sigue los pasos del ya anunciado en el entorno de San Vicente, concretamente el edificio público ubicado entre los números 23 y 25 de la calle García Ramos y 24 y 26 de la calle Mendoza Ríos, que ya ha inició los trámites para su rehabilitación y donde se desarrollará un proyecto social intergeneracional de alojamientos para entre 50 y 60 jóvenes y personas mayores, con una inversión superior a dos millones.

Junto a ello, se llevará a cabo otras medidas ligadas a flexibilizar los procesos de permutas de viviendas de personas mayores con problemas de movilidad por otras con accesos más fáciles o el impulso a la accesibilidad al parque de viviendas, tanto público como privado.

Además de estas medidas, el plan 2018-2023 incorpora otra batería de iniciativas como los programas de ayudas al alquiler, la cesión de pisos a entidades sin ánimo de lucro, la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda Digna, el protocolo de convivencia, las ayudas sociales a través del Programa de Prestaciones Complementarias; los procesos de participación y comunicación o una política fiscal "acorde con las líneas estratégicas del plan a través de las ordenanzas".