Así ha quedado fijado en la vista celebrada este jueves, en la que las partes han comunicado al Tribunal que no se ha alcanzado un acuerdo que evite el juicio.

Asimismo, en la vista, la Sala ha accedido a que la Abogacía de la Comunidad, que estuvo personada como acusación durante la instrucción, se tenga por apartada de la causa y no sea citada para el juicio, porque ya se ha tramitado el correspondiente expediente de reintegro de subvenciones.

Además, el Govern entiende que no concurre el delito por el que acusaba, de fraude de subvenciones, puesto que el importe no supera los 120.000 euros por ejercicio. El último requerimiento de pago voluntario se hizo este miércoles.

LAS ACUSACIONES

La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para cada uno de los acusados. Los hechos ocurrieron en 2009. En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los dos acusados presentaron a la Conselleria de Asuntos Sociales un proyecto de 'intervención psicosocial con mujeres y transexuales trabajadores del sexo'.

Este proyecto debía ser desarrollado por la asociación a la que pertenecían y de la que eran responsables sociales.

La subvención fue concedida por un importe de 99.586 euros divididos en dos anualidades, pero los beneficiarios debían presentar una memoria justificativa y una memoria económica que nunca llegaron a entregar.

La Fiscalía mantiene que los acusados nunca aplicaron las cantidades recibidas al fin social para el que fueron aprobadas y que lo incorporaron a su patrimonio personal, enriqueciéndose a costa de la administración pública.

Según el escrito del fiscal, lo hicieron "fingiendo y dando la apariencia ante la Conselleria de que atendían y ayudaban a personas según lo previsto en el proyecto aprobado, mediante la impartición de cursos, programas asistenciales y actividades diversas".

Por otro lado, en la causa también están personadas cuatro trabajadoras contratadas para el proyecto subvencionado -una psicóloga, una coordinadora, una educadora social y una auxiliar educativa-, que acusan a los dos procesados de exhibicionismo, coacciones, injurias, malversación y delito contra los derechos de los trabajadores.

Estas trabajadoras se debían destinar a un piso de acogida para el proyecto, al que accedieron mujeres en riesgo de exclusión social pero no relacionadas con prostitución, como era el objeto del proyecto.

Las trabajadoras sostienen que el trato hacia estas mujeres era "de humillación y prepotencia" y denuncian diversas situaciones, como que, según su versión, les obligaban a salir del piso entre las 8.00 y las 14.00 horas, escasez de comida e incluso relatan un episodio de exhibicionismo por parte de los acusados durante una fiesta en la que los organizadores se emborracharon.