En el transcurso de una rueda de prensa, Morales consideró que el presidente regional, Fernando Clavijo, y la consejera de Medio Ambiente, Nieves Lady Barreto, "deben defender al conjunto de la tierra".

"Gran canaria ha cumplido con sus obligaciones -dijo-, y no solo este gobierno insular, sino todos los anteriores, ya que el trabajo para lograr ser vanguardia en depuración comenzó en los años ochenta".

Por su parte, hizo especial hincapié en que el Gobierno canario dice que el 70%de los vertidos no están autorizados, lo que -entendió- de ser así no implica que no estén depuradas, "en absoluto".

"De hecho, documentos del propio Gobierno de Canarias califican de excelentes las aguas de Bocabarranco, una playa que está pendiente de un emisario que lleve las aguas a kilómetro y medio después de que una rotura produjera que se vierta a 350 metros", matizó.

EL GOBIERNO DE CANARIAS "NO APORTA NINGUNA PRUEBA"

Tanto es así, que Morales aseveró que el Ejecutivo regional no aporta dato alguno ni prueba de que las aguas vertidas en Gran Canaria no sean aguas limpias, porque de ser así "estaría obligado a abrir un expediente sancionador, e incluso también la Fiscalía, como ha hecho en otros casos en la isla".

Respecto a que Jinámar vierta al mar más agua de la autorizada, el presidente del Cabildo explicó que ello sigue sin implicar que sea sin depurar, sino que la autorización tramitada en su momento por el propio Gobierno canario, que construyó la instalación, no previó el caudal actual debido al crecimiento poblacional.

"A ver si que falte una arqueta va a ser lo mismo que tirar 57 millones de litros de aguas fecales al mar", exclamó Morales, quien concluyó que "el 99 por ciento de las aguas de Gran Canaria se tratan, y esa es la realidad".