Huelga fiscal

Lo que jamás reconocerá el legistador, pase lo que pase, es el derecho a fiscalizar nuestras políticas públicas mediante lo que ha sugerido el ex-presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

Si Renfe no funciona y me niego a pagar al Estado en concepto de infraestructuras, si la sanidad me tiene esperando dos años para operarme de un oído y me niego a pagar a la Generalitat en concepto de servicios, si sufro un apagón y decido no pagar la luz porque la infraestructura eléctrica es totalmente deficiente, el Estado y las empresas, caerían en quiebra casi de inmediato.

Hay tantas y tantas cosas mal hechas que, reconocer el derecho a la huelga fiscal, sería la única manera de poner al sistema contra las cuerdas, pues, así, los ciudadanos tendríamos la sartén por el mango. Cada vez que algo fallara por bajas inversiones y por deficiente gestión, los ciudadanos tendríamos el derecho a penalizar, a fiscalizar y a decir «no pago hasta que el servicio se preste correctamente y si se presta parcialmente, pago una cantidad proporcional de mis impuestos».

Eso sería una democracia más real y completa. Pero eso, no se dará, por desgracia, jamás.