El PSOE en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en el próximo pleno instando al equipo de gobierno del PP y, en concreto, a Francisco de la Torre como alcalde, a que, al igual que ha hecho la Junta, pida a las entidades financieras que operan en Andalucía que durante los cinco meses que dura la suspensión cautelar del Decreto Ley sobre la Función Social de la Vivienda, como consecuencia del recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional (TC), dejen de ejecutar desalojos de familias en riesgo de exclusión.

El objetivo, según ha señalado a Europa Press la portavoz municipal socialista, María Gámez, es "eliminar la desprotección que se va a causar con esta suspensión a las familias acogidas a este decreto ley y a todas aquellas potencialmente beneficiarias de la medida".

Pese a que el equipo de gobierno del PP rechazó en la pasada Comisión de Derechos Sociales dos mociones del PSOE y de IU en las que exigían el rechazo del Ayuntamiento a la decisión del Gobierno de presentar un recurso ante el TC contra el decreto antidesahucios de la Junta, el grupo socialista volverá a insistir en esta cuestión a través de una moción que llevará al pleno ordinario de julio.

"indefensión de las familias"

Precisamente, el primer punto de esta iniciativa será pedir a la Corporación municipal que rechace el recurso presentado ante el Constitucional porque supone "indefensión y desprotección para las familias amparadas por el decreto", ha indicado Gámez.

Al respecto, la portavoz del PSOE ha lamentado que con esta decisión, adoptada "sin aceptar el diálogo y la cooperación ofrecida por la Junta de Andalucía", el Ejecutivo de Mariano Rajoy "defienda a las grandes entidades financieras frente a las personas que pierden su vivienda, castigadas por la feroz crisis económica".

Por otra parte, ha hecho hincapié en que con la petición a las entidades financieras de una moratoria en materia de desahucios hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ratificación o no de la suspensión del decreto, "la Junta de Andalucía pretende dar respuesta a la situación de indefensión y angustia en la que quedan las familias".

La edil socialista en el Consistorio malagueño ha defendido que esta norma "está avalada por la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la función social de la propiedad y por voces de prestigiosos juristas".

En la capital malagueña seis familias —la mitad del total de la Comunidad— se habían acogido hasta el momento de la suspensión cautelar al decreto aprobado por el Ejecutivo andaluz, que contempla expropiaciones temporales de viviendas.