La Conferencia de Presidentes del PE (formada por el presidente Josep Borrell y los de los grupos de la eurocámara) tomó la decisión política de que se cree esa "comisión temporal" en vez de una comisión de investigación, dijeron fuentes parlamentarias.

En la conferencia se decidió crear esa comisión "ad-hoc sobre la presunta utilización de países europeos por parte de la CIA para el transporte y la detención ilegal de prisioneros", cuyos detalles prácticos serán fijados en la reunión plenaria del PE el próximo mes de enero en Estrasburgo.

Esos detalles incluirán el mandato de la comisión y su composición, que fijará la Conferencia de presidentes del Parlamento en su primera reunión de 2006 y que se someterá al voto del plenario.

Según las normas del PE, la comisión temporal -que se creó en el pasado, por ejemplo, para analizar el caso del hundimiento del petrolero "Prestige" frente a las costas gallegas- tendría menos capacidad para realizar pesquisas y pedir comparecencias de las personas implicadas en las actividades a investigar, que la comisión de investigación.

Los servicios jurídicos del PE emitieron el pasado lunes un dictamen no vinculante en el que consideraron que no hay indicios suficientes de "infracción o mala administración del derecho comunitario", única causa que puede motivar la apertura de una

Algunos grupos parlamentarios indicaron en el debate celebrado hoy en Estrasburgo que si durante los trabajos de la comisión temporal se encontrasen pruebas de que ha habido esa infracción se reclamaría entonces la apertura de una comisión de investigación propiamente dicha.

La decisión de hoy del Parlamento se conoce al día siguiente de que el Consejo de Europa informara de que cuenta con "elementos" que permiten reforzar la credibilidad de las tesis de que hubo detenciones extrajudiciales en Europa de presuntos terroristas islámicos.

Las investigaciones judiciales actualmente en curso en varios países "parecen indicar que individuos fueron secuestrados y trasferidos a otros países sin respetar ningún criterio legal", según el senador suizo Dick Marty, quien recibió el encargo del Consejo de averiguar si la CIA tuvo prisiones secretas en el continente europeo.

En el debate celebrado el miércoles en el PE sobre este asunto, el comisario europeo de Justicia e Interior, Franco Frattini, reiteró que de confirmarse las acusaciones, lanzadas en medios de prensa, sobre esas actividades de la CIA, constituirían una "violación grave" del Tratado de la UE.

Sin embargo, defendió que la investigación que haga el Parlamento no debe considerarse como "una acción dirigida contra Estados Unidos, sino algo que nos reforzaría a todos" los Estados miembros si así se despejan dudas sobre la existencia o no de prácticas contrarias al derecho comunitario.

Frattini aseguró que la Comisión Europea no considera que haya países de la UE o candidatos a adherirse a ella (y mencionó los casos de Polonia y Rumanía) que sean "imputados" o "sospechosos" de haber tenido cárceles para detenidos transportados por la CIA pero advirtió que "la verdad se tiene que averiguar sea como sea".

En nombre de la presidencia de turno británica de la Unión, el ministro de Asuntos Europeos de ese país, Douglas Alexander, se mostró satisfecho de las explicaciones dadas por la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, sobre este asunto en su reciente gira por varios países europeos.

Esta declaración fue criticada en el debate del miércoles por algunos eurodiputados, que se preguntaron por las razones que pudiera haber tenido Londres para aceptar las explicaciones norteamericanas, pero Alexander insistió en que su Gobierno ha investigado la cuestión y no tiene pruebas que demuestren las acusaciones contra las actividades de la CIA en Europa.