El exedil Miguel Reina pedirá el archivo de su causa y emprenderá acciones judiciales contra CTA

  • La defensa del exconcejal del PP en el Ayuntamiento de la capital cordobesa Miguel Reina, que ha declarado este viernes en calidad de investigado por la supuesta comisión de delito de prevaricación administrativa en la gestión de contratos del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), ha anunciado que pedirán el archivo de la causa y emprenderán acciones judiciales contra el sindicato CTA, que ha interpuesto la denuncia en este caso, con el fin de "recuperar la imagen" del exedil.
Miguel Reina con su abogada en la puerta de los juzgados
Miguel Reina con su abogada en la puerta de los juzgados
EUROPA PRESS
Miguel Reina con su abogada en la puerta de los juzgados

En declaraciones a los periodistas, tras declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba, el propio Miguel Reina ha mostrado su rechazo a la acusación que se hace sobre él, de manera que ha aclarado sobre los contratos del despacho de abogados de 'Cuatrecasas' que todo lo que firmó iba con "los informes buenos de Intervención".

En este sentido, ha subrayado que "la primera orden" que dio cuando llegó al cargo en 2011 fue que no se le pasara "nada para firmar si no era con el visto bueno de Intervención del Ayuntamiento, el secretario y todo aquel que tenía que dar el visto bueno", de forma que "si no era así, no firmaba nada", ha remarcado.

A su juicio, ha sido una declaración "clara y honesta" sobre la gestión que realizó en el Imdeco y lo que se encontró en él cuando llegó en 2011, con "una situación catastrófica en lo económico, que se debían cerca de un millón de euros, y en personal, que no se sabía por dónde había entrado".

Según ha detallado, después de cuatro años, se han creado campos deportivos nuevos; consiguió una financiación de 470.000 euros, tras gestiones con el Consejo Superior de Deportes, para distintas actuaciones; se creó una escuela deportiva de niños en exclusión social; al tiempo que "se ha dejado un remanente de 670.000 euros", de modo que lo que ha hecho ha sido "por el bien del deporte cordobés", ha enfatizado.

Al respecto, ha insistido en que en su gestión ha puesto "el corazón y el alma", pero cree que "se ha manchado" su imagen, algo que "es lamentable y debe servir de ejemplo de que no se puede difamar, ni poner en tela de juicio la honorabilidad de las personas honestas", ha aclarado Reina.

Entretanto, el exconcejal popular ha animado a "la gente que está en el deporte a seguir luchando", a la vez que ha solicitado que "los que llevan estas tropelías dejen su cargo y se pongan a trabajar, al menos una vez en su vida".

NUEVAS PRUEBAS

Por su parte, desde la acusación han apuntado que "es probable que desde el sindicato", tras haberse personado en la causa, se solicite la declaración del exgerente del Imdeco, porque entienden que "tiene un mayor grado de conocimiento y decisión en la contratación sucesiva y fraccionada del despacho de abogados" para "un servicio que ha sido el mismo del Imdeco, con el asesoramiento en materia de recursos humanos".

Al hilo de ello, han recordado que dicho asesoramiento se produjo "inicialmente con el expediente de regulación de empleo y después con las vicisitudes del Imdeco para adaptarse a la nueva situación laboral, impuesta en parte por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que aprobó el PP en 2012".

Por tanto, tras la declaración de Reina, creen que "queda claro que quien materialmente ha tomado las decisiones de los contratos con 'Cuatrecasas' es la Gerencia del Imdeco" y de ahí que "lo oportuno sea citar al exgerente a declarar", al "conocer con mayor detalle las motivaciones y el procedimiento que se siguió para ir sucediendo contratos con el citado despacho".

De este modo, esperan que "explique por qué se hizo de esa manera y no a través de un contrato que concurriese públicamente y hubiera habido ofertas de otros despachos de abogados".

En concreto, ha detallado que se hicieron cuatro contratos y "todos ellos en el límite del contrato menor", unos 21.000 euros, que "se adjudicaron directamente sin concurrencia entre otros licitadores posibles y que puede estar justificado", si bien "se presta un servicio continuado e indiferenciado de un contrato a otro y ello obliga a acudir al procedimiento público", ha explicado el abogado de la acusación.

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