Todos los gobiernos regionales socialistas han apoyado este jueves la nueva senda fiscal diseñada por el Gobierno de Pedro Sánchez hasta el año 2021... excepto el Ejecutivo valenciano de Ximo Puig.

La Comunitat Valenciana se abstuvo este jueves en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a los nuevos objetivos de déficit y deuda para los tres próximos años pese a que esta nueva senda rebaja dos décimas el objetivo de déficit autonómico en 2019: pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, un incremento de 2.500 millones de gasto en año de comicios autonómicos. Para 2020 el límite es del -0,1% por lo que se retrasa un año (a 2021) la meta de equilibrio para las autonomías.

Las regiones gobernadas por el PP —Madrid, Castilla y León, La Rioja, Galicia y Murcia— consideran que incrementar el margen de déficit premia a las autonomías incumplidoras y defienden que lo que necesitan es dejar de estar "infrafinanciadas". Por eso todas han votado en contra. Canarias también se han sumado a la negativa.

Sus votos, sin embargo, no han logrado echar atrás los nuevos objetivos de estabilidad por el voto mayoritario a  favor de Andalucía, Extremadura, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón y Cantabria. No ha acudido a la reunión Cataluña, que ha dado plantó a la ministra de Hacienda María Jesús Montero, alegando que prefiere tratar estos asuntos en reuniones bilaterales.

Montero ha informado también de los avances en la reforma de la financiación autonómica —algo que se exige al Gobierno incluso por las regiones socialistas— aunque en Moncloa se asume que difícilmente se produzca esta legislatura. Y ha propuesto un grupo de trabajo para intentar armonizar los tributos de las autonomías: el impuesto de sucesiones y donaciones está en el punto de mira.

La senda fiscal se aprobará el viernes en Consejo de Ministros y después, antes de que acabe este mes, se aprobará el techo de gasto de 2019 que servirá al Gobierno de Sánchez para empezar a elaborar los nuevos presupuestos. Este llamado techo, que técnicamente se llama 'límite de gasto no financiero' no se vota en el Congreso —el Ejecutivo solo informe sobre él al hemiciclo— pero sí se vota la senda fiscal que se incluye en los objetivos de estabilidad presupuestaria.

El Congreso votará esta senda el martes 24 de julio y el Gobierno espera contar para ello con el apoyo de Podemos y del PNV para sacarlos adelante. Después llegarán al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, por lo que previsiblemente será rechazada. En todo caso, esto no es un obstáculo para la elaboración de los Presupuestos de 2019, que deberían presentarse antes de octubre.

Montero, por la mañana, despertó suspicacias por plantear una "reestructuración global" de la deuda de las comunidades y que así pudiesen volver a los mercados a pedir prestado. Desde 2012 la financiación de muchas regiones procede del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), una herramienta que les permite financiarse a través de los mercados. Algunas autonomías consideran que esta medida solo beneficia a algunas regiones.

Hacienda, además, estudia que parte de la deuda a corto plazo pase a ser de medio plazo para las comunidades como Cataluña y Valencia, que tienen problemas para afrontar pagos porque su deuda es "estructural".

Muchas regiones, entre ellas socialistas, critican la posibilidad de que se produzcan negociaciones bilaterales y han mostrado su enfado porque Cataluña, que no ha acudido al CPFF, se haya excusado precisamente en esta bilateralidad para justificar su ausencia. "No va a haber debate que no sea multilateral y en el CPFF", ha zanjado la ministra.

Los ayuntamientos y las regiones, además, han recibido la buena noticia de que el nuevo Gobierno socialista flexibilizará la regla de gasto para que puedan usar un margen mayor del superávit que generen.

Los consistorios, hasta ahora, no podían reinvertir todo su superávit porque están constreñidos por la ley de estabilidad aprobada en 2012 para amarrar el gasto de las administraciones en una época difícil de crisis económica. Cualquier inversión, ahora, está supeditada al concepto de inversión financieramente sostenible. Un grillete fiscal que desembocó, por ejemplo, en los conflictos de Hacienda con el Ayuntamiento de Madrid.

Montero considera que la norma es un "encorsetamiento" y se compromete a ampliar el porcentaje de inversión y a revisar el marco de inversiones admitidas si la senda de estabilidad se aprueba en Congreso y Senado. Al tiempo, ha indicado que se va a estudiar que los ayuntamientos puedan usar el superávit para financiar planes de fondos europeos, para que estos "no compitan" con otros recursos que están en la regla de gasto.

Los ayuntamientos presentaron superávit del 0,6% del PIB en los dos últimos años —6.812 millones el pasado ejercicio— y esta buena actuación ha permitido al Gobierno cumplir sus objetivos de déficit pactados con Bruselas en 2016 y 2017. Hacienda ha comunicado hoy a los consistorios que su meta será de nuevo el 0,0% hasta 2021. La norma, de hecho, no permite establecer objetivos de superávit, otra cosa es que se tengan y se usen, como ha pasado en los dos últimos años.