El real decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año, una norma que será retroactiva y que impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.

Así lo han anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha estudiado este real decreto que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad-.

"Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo", ha destacado De la Vega, quien ha advertido de que no se tiene que añadir "escarnio público" a una mujer que de por sí afronta con sufrimiento una decisión tan difícil.

El Ejecutivo estudia además modificar los plazos en los que se regula actualmente la interrupción del embarazo. Así, habrá un plazo en el que la decisión de abortar sería libre, sin tener que justificarlo, que podría estar entre la semana 12 y 16 de gestación.

Esta revisión también competería al supuesto de afectación psicológica de la madre para abortar, que hasta ahora no tenía ningún límite.

Reacciones a las medidas

Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE), declaró a 20minutos.es que a priori, "cualquier medida para proteger a la mujer que decide interrumpir su embarazo es positiva" y que lo "dramático es que hayamos tenido que llegar a esto".

Serrano destacó que el aborto es un "acto sanitario que afecta a la intimidad de la mujer" y que la decisión de llevarlo a cabo "conlleva sufrimiento personal"; "Nunca es una decisión alegre", matizó.

En cuanto al proyecto para garantizar la confidencialidad, la presidenta de la FPFE recordó que ya hay una ley de 2002 sobre autonomía del paciente "que refleja que los datos sanitarios siempre son confidenciales", aunque consideró positivo que ahora se extremen estas medidas.

Acerca del tema de los plazos para la interrupción del embarazo, la FPFE aboga por que se establezca una ley de plazos hasta las 22 semanas de gestación, que sería "lo que mejor defendería la decisión de la mujer". La ley de plazos es "un avance, pero requiere una meditación para evitar ir hacia atrás".

Por otra parte, la vicepresidenta de la Fundación Línea de Atención a la Mujer, Marta Pérez Arteaga, declaró que la organización está "completamente en contra de esta propuesta porque abandona a las embarazadas al negocio del aborto, sin ninguna protección jurídica ni sanitaria".

Además, la vicepresidenta de esta organización, que colabora con la Asociación de Víctimas del Aborto, expresó que "la ley de plazos es propia de un estado discriminatorio y totalitario".