El ginecólogo peruano Carlos Morín, cuyas clínicas se encuentran bajo investigación judicial por abortos ilegales, compró tres trituradoras, una de ellas de grandes dimensiones, para supuestamente deshacerse de los fetos en avanzado estado de gestación extraídos en sus centros fuera de los límites legales.

Según el sumario del caso, Morín compró, a través de la clínica Ginemedex, un triturador industrial, según explicó un testigo protegido. En la planta baja de la clínica TCB, justo detrás de la mesa de recepción de las clientas, había una puerta que escondía una pica de lavabo y debajo de ésta estaba instalado este triturador industrial.

En ocasiones, según el primer testigo protegido, el triturador

se había atascado y se habían tenido que abrir las tuberías y el suelo de la clínica por un paleta. Lo habitual en los casos en que los abortos ilegales terminaban por la noche era introducir los

fetos extraídos en el congelador, y al día siguiente triturarlos, para así evitar el ruido de la máquina y no molestar a los vecinos en horario nocturno.

Después de la denuncia de una televisión danesa en octubre de 2006,

desmontaron la máquina, aunque permaneció la instalación de la fontanería. Los encargados de utilizarla siempre eran los médicos que se habían encargado de la operación. A las mujeres que abortaban se les engañaba diciéndoles que los fetos serían

incinerados.

Según obra en el sumario, este triturador fue adquirido por Ginemedex el 6 de agosto de 1998 a una empresa de

Hernani (Guipúzcoa). La máquina tenía una capacidad de trituración de unos

400 kilos por hora, según consta en un folleto publicitario. Los otros dos trituradores, más pequeños, fueron comprados a una empresa de Castelldefels (Barcelona) que se encargaba del mantenimiento global de las clínicas.