La portavoz del Gobierno de PSOE e IU-CA en el Ayuntamiento hispalense, Nieves Hernández (PSOE), descartó hoy una merma de "transparencia" a cuenta del acuerdo adoptado en el seno de la junta general de accionistas de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Consistorio y Mercasa, para reducir de 23 a nueve los miembros de su consejo de administración, extremo que ha supuesto la desaparición de la representación que ostentaba el PP como única fuerza de oposición en la Corporación municipal.

En rueda de prensa, Nieves Hernández defendió dicha medida y recordó que ha supuesto la "reducción del consejo de administración a su mínima expresión" permitida por los estatutos de la sociedad mixta, investigada por el juzgado de Instrucción número seis a cuenta de un presunto delito societario, el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por los ex directivos Fernando Mellet y Daniel Ponce y las supuestas irregularidades detectadas en el concurso público convocado para enajenar los suelos del mercado central.

Al respecto, argumento que también queda reducida a "su mínima expresión" la representación política, tan sólo el consejero apoderado y futuro presidente del consejo de administración, el concejal socialista Alfonso Mir, y el primer teniente de alcalde y vicepresidente de la sociedad mixta, Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA). En ese punto, recordó al PP que la reducción de la composición del consejo de administración ha supuesto la desaparición de los consejeros de PSOE e IU-CA a excepción de los ya mencionados.

Así, defendió esta maniobra como un intento de dotar de "mayor peso técnico" al consejo de administración y "profesionalizar en la mayor medida posible" este órgano de gobierno de la sociedad mixta. "No responde a una eliminación de la presencia de la oposición", dijo la portavoz del gobierno municipal en cuanto a la intencionalidad de la reducción del consejo de administración.

En ese sentido, esgrimió la necesidad de "profesionalizar" el consejo de administración para "reflotar la compañía", cuyas cuentas de 2009 arrojan pérdidas por valor de 4.123.666 euros y afronta un pasivo de más de nueve millones de euros debido a la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007. Además, advirtió de que no se trata de una decisión "aislada" en la esfera nacional, porque en ciudades como Madrid, Valencia o Salamanca, todas ellas gobernadas por el PP, la oposición no goza de representación en los órganos de gobierno de las sociedades gestoras de sus mercados centrales.

Así, la concejal socialista defendió esta medida como un "compromiso de austeridad" y descartó que implique una pérdida de "transparencia" en la gestión de la sociedad mixta.