Durante la primera sesión del juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de Toledo, el inculpado, el ciudadano polaco Krzystof K., de 46 años, destapó con su declaración el mundo de la delincuencia de la que vivían tanto él como la víctima, Concepción L.H., de 46 años, por tráfico de drogas, robo de vehículos y falsificación de matrículas y pasaportes.

La Fiscalía data la fecha del crimen entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2001 cuando presuntamente el acusado -que había llegado a España en mayo de 1998 huyendo de una orden de busca y captura dictada en Polonia por delitos de estafas- estranguló a Conchi y la enterró dentro de una maleta en el paraje Venero Rubisco, en El Robledo del Piélago, dentro del término municipal de Almendral de La Cañada, en la Sierra de San Vicente.

Según el fiscal, el 2 de marzo de 2001, un día de lluvia y con niebla, el acusado fue ayudado por tres guardas forestales a arrancar la furgoneta que se había quedado embarrancada en mitad del monte, donde, según el inculpado, no fue a enterrar el cadáver como sostienen las acusaciones, sino a despedirse del paisaje.

En ese lugar, donde también hay "un palacio", había acudido varias veces a pasear con otra mujer, Marta, con la que entonces tenía una relación sentimental después de su ruptura con la fallecida, en diciembre de 1999, según dijo el acusado.

Negocios turbios

Explicó que no fue a hacer "turismo" a esa zona de robles, sino a despedirse del lugar antes de abandonar España porque iba a ser juzgado por robo de vehículo y falsificación de documento oficial y temía que le encarcelaran, un asunto en el que implicó también a la fallecida y a un súbdito lituano con el que Conchi tenía también "negocios" turbios.

Negó que cuando ocurrieron los hechos tuviera una relación análoga a la matrimonial como sostienen las acusaciones, sino que era de "amistad por negocios", en los que ella estaba muy bien relacionada e incluso insinuó que también estaba metida en el tráfico de mujeres.

Krzystof explicó durante el juicio que él robaba vehículos y falsificaba las matrículas y que ella le ayudaba a venderlos, aunque también había falsificado pasaportes que la víctima le proporcionaba. El fiscal y el abogado de la acusación particular piden quince años de cárcel por un delito de homicidio, mientras que la defensa sostiene que la mujer murió a manos de otra persona relacionada con el mundo de la delincuencia en el que vivía.

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