La jefa de gabinete de la Conselleria de Turismo, Irene Rigo, quien ha comparecido en calidad de testigo ante la jueza que instruye el caso Voltor, ha asegurado durante su comparecencia que cuando el ex titular de este departamento, Miquel Nadal, asumió el cargo de conseller, decidió fijar reuniones semanales sobre contratación y comunicó a quienes asistían que "quería que todo se hiciera de forma correcta".

Así lo ha puesto de manifiesto durante su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Mari Carmen Abrines, el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán y varios de los letrados personados en la causa, en el marco de la cual fue citada junto a otros testigos a petición de la defensa de Nadal, ejercida por el abogado José Zaforteza, a fin de que pudieran explicar la dinámica y el funcionamiento tanto del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) como del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), dependientes de la Conselleria.

En su deposición, Rigo ha explicado que la pretensión del también ex presidente de UM era hacer reuniones de equipos con los directores generales, los gerentes de Ibatur e Inestur y otros cargos ya que "no conocía a todo el mundo ni tenía especial confianza con ellos", debido a que muchos de ellos habían sido nombrados durante la época de su antecesor en el cargo, Francesc Buils, quien también se encuentra imputado dentro de este procedimiento.

Junto a la jefa de gabinete también ha sido interrogado el ex jefe de prensa de la Conselleria, Pedro Aguiló, mientras que han sido aplazadas, por no haber podido comparecer, las declaraciones de la ex directora del Ibatur, Susanna Schiacovelli, y al ex director general de Ordenación y Planificación Turística, Carlos de Salvador, en el marco de una compleja causa que indaga un presunto desvío de fondos públicos mediante subvenciones irregulares a través del Inestur.

Las pesquisas llevadas a cabo hasta el momento dentro de esta causa, en el marco de la cual han sido detenidas una veintena de personas, apuntan a que pudieron cometerse los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude a la administración y cohecho. La operación fue abierta el pasado 3 de febrero por orden del Juzgado de Instrucción número 10, encargado del caso tras la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción. (

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