El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha advertido este lunes que la posibilidad de que el Tribunal Constitucional (TC) levante la suspensión cautelar de la Ley de Cajas de Galicia "nada quiere decir" sobre la constitucionalidad de la citada normativa.

Así lo ha afirmado este lunes en una rueda de prensa previa a un almuerzo-coloquio organizado en la ciudad olívica por el Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, donde ha recordado que el Gobierno recurrió esta norma autonómica, contando con un aval del Consejo de Estado. De igual modo, ha destacado que se actuó de igual forma que en otros casos de otras comunidades donde se considera que se están invadiendo competencias del Estado.

"Parece que se va a levantar la suspensión", ha indicado sobre la normativa gallega, si bien ha precisado que esto "nada quiere decir sobre la constitucionalidad de la ley". Caamaño ha señalado que la ley tendrá que ser estudiada y su constitucionalidad se examinará cuando se dicte la sentencia.

De este modo, ha comentado que el que el TC levante la suspensión cautelar es algo "que hace habitualmente después de que pasa el plazo automático" establecido cuando se impugnan leyes de comunidades autónomas.

Por otra parte, Caamaño ha estimado que la ley gallega fue aprobada "a pesar de las dudas de constitucionalidad" para "alentar" la fusión de las cajas gallegas —Caixa Galicia y Caixanova—, si bien recordó que esta integración ya era posible con la ley que había hasta ese momento.

Para el ministro, "serán otros" los que tendrán que explicar por qué se realizó esa ley, un texto que, una vez que el recurso del Gobierno ha sido admitido a trámite por el TC, "hoy sigue manteniendo dudas de constitucionalidad", ha agregado.

Modernización de la justicia

Caamaño ha apostado este lunes por mantener el plan de modernización de la Justicia para dar un servicio de calidad y, en ese sentido, confió en poder seguir con él en 2011 y 2012, pese a "las dificultades presupuestarias".

En el caso de Galicia, ha recordado el anuncio de creación de 11 nuevas unidades judiciales, tres de ellas en la Provincia de Pontevedra, y además, que la comunidad contará con dos jueces de adscripción territorial, de forma que se podrán cubrir suplencias y vacantes con jueces titulares.

En cuanto a las demandas de Vigo para la creación de un nuevo juzgado de lo Social y otro de guardia 24 horas, recordó que en Galicia las competencias de Justicia están en la Xunta, que es la administración indicada de realizar la demanda ante el ministerio.

"La competencia en materia de Justicia, al igual que en los programas informáticos, el despliegue de la oficina judicial, que si es sistema minerva funciona o no funciona, es competencia exclusiva de la comunidad autónoma de Galicia", ha insistido, mientras que ha aprovechado su intervención para aclarar que si hay algún mal funcionamiento en estos aspectos, es una cuestión que le corresponde a la comunidad autónoma.

También, ha abundado en que "todo el despliegue de la nueva oficina judicial es competencia de la comunidad autónoma de Galicia", por lo que, según ha añadido, si el ministerio ha cedido algún programa de forma gratuita y en su afán de "colaboración", la responsabilidad no se puede achacar a quien da esa aplicación.

En ese sentido, ha garantizado que en las comunidades autónomas donde esta competencia no está transferida, "los sistemas informáticos y toda la nueva oficina judicial han funcionado de manera perfecta", ya que le han dedicado "muchas horas de trabajo previo". "Cada uno tiene que asumir su responsabilidad", ha reiterado.

Finalmente, en cuanto al proyecto de la Ciudad de la Justicia para Vigo, ha considerado que no debe pronunciarse por respeto a las competencias de la Xunta, aunque, de forma general, sí ha valorado positivamente que la justicia pueda contar con más infraestructuras y más modernas.