La Fiscalía ha presentado recurso de apelación en contra de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Ferrol, que absolvió a la enfermera juzgada por haber inyectado por error un medicamento anticoagulante a un recién nacido que falleció por esa causa al día siguiente en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol el 20 de noviembre de 2010.

La sentencia determinaba que el "fatídico error" fue cometido por la enfermera, S.B.P., pero que "su conducta no resulta penalmente relevante por no haberse acreditado la concurrencia de culpa o imprudencia profesional".

Además, consideraba que la enfermera no podía "responder por la deficiente gestión de recursos humanos que pudiere atribuirse al centro médico", al asignar a personal de enfermería no especializado a una unidad para la que los enfermeros reciben formación específica.

La enfermera había sido contratada de forma eventual durante 48 horas, para los días 19 y 20 de noviembre, y era la primera vez que asistía en un parto. El día anterior había estado asignada al área de oncología. Estaba colegiada desde 2007 y había trabajado hasta aquel momento 437 días con distintos contratos eventuales.

El parto, natural, se produjo a las 20.15 horas. En la sala de partos estaban presentes dos ginecólogos, una matrona, una pediatra, una auxiliar de enfermería, la madre del bebé y la hermana de la mujer, además de la enfermera. La madre del bebé sufrió una hemorragia y la ginecóloga pidió que se le inyectase el medicamento 'Metherghin', un anticoagulante.

Error detectado inmediatamente

La enfermera escuchó que se pedía el medicamento pero no de quién procedía la orden. Se ofreció a ir a buscarlo y al cruzarse con la matrona le preguntó "si era para el peque" y la respuesta que obtuvo fue "pínchala en el muslo". La enfermera cogió el medicamento y se lo inyectó al bebé. Aunque el error fue detectado de forma casi inmediata y el recién nacido fue trasladado a la UCI, falleció al día siguiente.

El Ministerio Fiscal había pedido una condena de dos años y medio de prisión y una multa económica de algo más de 130.000 euros, además de la inhabilitación durante cinco años, por un delito de homicidio por imprudencia grave. La acusación particular, de la familia de la madre del bebé, que también ha presentado recurso, ascendía la petición de cárcel a tres años y la indemnización a más de 400.000 euros.

El Juzgado de Primera Instancia número 9 de A Coruña ha estimado la petición de la Asociación Galega de Afectados por Productos Financieros (Agaprofi), para que Novagalicia Banco aporte un listado de los "titulares actuales" de participaciones preferentes emitidas por Caixanova y Caixa Galicia, según informa su despacho de abogados.

En un auto notificado a esta parte, acepta su petición de que la entidad remita un listado con los datos personales "de los titulares actuales de participaciones preferentes" emitidas por las antiguas cajas gallegas y fija el 26 de junio para formalizar esta entrega.

Con esta petición, la Asociación Galega de Afectados por Productos Financieros pretende poder dirigirse a cada uno de ellos "con el objetivo de invitarlos a que puedan adherirse a una demanda colectiva", en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La efectividad de la solicitud se condiciona a que Agaprofi aporte antes del mediodía del próximo martes, 28 de mayo, la cantidad de 500 euros en concepto de fianza, "aportación que llevará a cabo en las próximas horas", añade la asesoría jurídica de esta asociación, que representa el letrado Xoán Antón Pérez-Lema.

En cuanto a la demanda colectiva, se presentará, según este despacho de abogados, "el mes siguiente a la fecha de obtención del listado de titulares" con lo que el plazo termina el próximo 26 de julio.

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de 20 años de prisión para Milena Carolina B., presunta inductora y coautora del asesinato de su pareja, en enero de 2012 en la plaza de A Cubela en A Coruña, tras descubrir que también mantenía relaciones con su hija, además de con otras mujeres.

En la lectura de conclusiones, en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de A Coruña, ambas partes han rebajado, sin embargo, su petición de 18 años de cárcel para el exmarido de Milena, Antonio R.C, para el que han pedido ocho años como cómplice de los hechos.

Mientras, han reclamado 17 años de cárcel por un delito de asesinato —uno menos que su petición inicial— para Álvaro Estiven C.V., presunto autor de la puñalada mortal en el corazón que recibió Yonier Alejandro Arenas, de 25 años.

Para Azahara C.G., acusada de un delito de encubrimiento por ser, presuntamente, la persona que hizo desaparecer el cuchillo, han mantenido su petición de un 1 y 6 meses de prisión. Todas las defensas han solicitado la absolución, excepto la letrada de Álvaro Estiven que, subsidiariamente, ha pedido que los hechos se consideren un delito de homicidio imprudente con resultado de muerte.

La empresa gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski alcanzó en 2012 los 771 millones de euros en ventas netas frente a los 770 millones del año anterior, según informa en un comunicado en el que sitúa sus resultados antes de impuestos "por encima de los 24 millones" y el EBITDA —beneficios antes de intereses, impuestos y amortizaciones— en 36,6 millones.

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La compañía destaca el "mantenimiento" de su cuota de mercado, "superior al 17%", y el incremento de su plantilla hasta sumar un total de 4.471 personas, "magnitudes que demuestran cómo la compañía ha conseguido mantenerse estable a pesar del desfavorable contexto económico", indica.

La empresa destaca también que el año pasado se centró en fijar "nuevos retos" en la estrategia empresarial del grupo de distribución, con su expansión en comunidades autónomas como Asturias y Castilla y León.

Al respecto, afirma que este proyecto "acabará de fraguarse" durante el presente 2013, "y permitirá que un total de 35 supermercados ubicados en León, Asturias, Palencia y Zamora cambien a la enseña Familia", precisa.

Por otra parte, en 2012, las adquisiciones a proveedores de Asturias ascendieron a más de 16 millones de euros y más de 21 a los propios de Castilla y León. En el caso de proveedores gallegos, la cuantía ascendió a casi 236 millones de euros.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de A Coruña, Mar Barcón, ha reclamado al regidor coruñés, Carlos Negreira, que "de forma inmediata" salga "en defensa" del Aeropuerto de Alvedro "y abandone su indolencia ante el ataque permanente de Santiago con la permisividad de la Xunta del Partido Popular", añade en un comunicado.

"No hay excusas ni justificaciones para permanecer callado y no asumir la responsabilidad de defender los intereses de los coruñeses", sostiene Barcón, quien pide al regidor coruñés "que actúe como alcalde de los coruñeses y deje de lado su partidismo y el silencio cómplice con el PP".

Al respecto, afirma que las últimas declaraciones del alcalde de A Coruña "defendiendo a su partido y la gestión aeroportuaria de la Xunta, no es otra cosa que una "alfombra roja" para que Feijóo mantenga y renueve las subvenciones de vuelos en Santiago y siga discriminando al aeropuerto coruñés".

Los socialistas coruñeses culpan también al PP de "la caída brutal de pasajeros y ralentización de las inversiones". En concreto, afirman que Alvedro "ha perdido un 17% de pasajeros en el último año, mientras que la caída en el tráfico de mercancías ha llegado al 22%", unos datos que vincula con la crisis "y la falta de medidas del alcalde en dos años", apunta en su comunicado.

La obra de ampliación de la pista del Aeropuerto de A Coruña entrará la próxima semana en su segunda fase con el acopio de tierras del Monte Costa, en el municipio coruñés de Culleredo, mediante voladuras, según informa Aena.

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Las voladuras, con una duración prevista de 14 meses, se realizarán de lunes a viernes entre las 13.30 horas y las 15.30 horas, "cuando no hay personal trabajando y se cuenta con las condiciones óptimas de luz solar", precisa Aena.

El transporte de material será de lunes a sábado según los horarios acordados con el Ayuntamiento de Culleredo y con las medidas obligadas por la Declaración de Impacto Ambiental (CIA), "y que aseguran unos niveles de ruido y partículas en suspensión aceptables", añade.

Debido a la proximidad a la zona de edificaciones e instalaciones, esta actuación está clasificada como 'Voladuras Especiale'. Aena destaca también que cumplen "con todos los requisitos para garantizar la plena seguridad de los vecinos y sus viviendas", precisa.

Tanto el transporte de los explosivos como la carga, cebado y retacado de los barrenos seguirán las condiciones que exige el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

Entre las precauciones que se han tomado, está la instalación de carteles indicativos de obras con explosivos, el envío de información actualizada al Ayuntamiento de Culleredo "para que los vecinos estén siempre informados" y avisos acústicos al inicio y al final de cada voladura.

Sobre un centenar de delegados sindicales del Comité de Empresa de Navantia Ferrol y Fene y de empresas auxiliares del naval han realizado un encierro en el edificio administrativo de la Xunta para reclamarle al presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, que "dé la cara" y mantenga una reunión para explicarles los acuerdos alcanzados con la petrolera mexicana Pemex y que se anunció que supondrían la construcción de un flotel en Navantia.

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El encierro se prolongó desde las 12.00 horas hasta casi las 14.15 horas, en la planta baja de entrada al edificio administrativo en Ferrol, sin que se produjeran incidentes. Los trabajadores pegaron en las paredes carteles en los que se leían frases como 'CulPPables', 'dique sí' o 'flotel xa', en referencia a sus principales reclamaciones.

Los delegados del comité hicieron entrega de un escrito por registro, dirigido a la Xunta de Galicia, en el que le reiteraban la petición de reunión a Feijóo que ya formularon hace diez días sin que hayan recibido ninguna respuesta.

Según los datos sindicales, ante la falta de nueva carga de trabajo en Navantia, en los últimos meses la cifra de despedidos en empresas auxiliares alcanza los 2.300 trabajadores y la situación puede empeorar.

La mayor parte de las empresas están sujetas a expedientes de regulación de empleo y la plantilla principal de Navantia en Ferrol y Fene -unos 2.300 trabajadores- finalizará este año el último barco que queda en construcción, el segundo ALHD para Australia.

En este contexto, el portavoz del Comité de Navantia Ferrol, Ignacio Naveiras (CC.OO.), ha reiterado la petición de reunión a la Xunta de Galicia para que "dé la cara sobre esa promesa del flotel", puesto que no hay respuesta "más de diez después" de solicitada la reunión.

"la xunta se esconde"

"La Xunta de Galicia se esconde totalmente máxime después de las noticias relativas a Pemex y Barreras", aseguró Naveiras, que añadió que sus reclamaciones se dirigen a "quien hizo la promesa política, y que ya no tienen ni la desvergüenza de antes de venir a mentir para ahora dar explicaciones".

"Feijóo es el culpable de esta situación, fue el que prometió barco o dique, y por desgracia no hay ni barco ni dique", añadió Naveiras.

Los trabajadores de Navantia ya han aprobado en asamblea apoyar la huelga comarcal convocada de forma unánime por CIG, CC.OO., UGT y USTG en Ferrol el 12 de junio para "exigir soluciones". "La situación es clara, va a haber una huelga general en Ferrol, dada la situación económica, en gran parte viene de la situación del naval y de la reducción económica que hay en la comarca", ha manifestado.

El portavoz del comité, que acusó de "cobardía" a Feijóo y al conselleiro de Industria, Francisco Conde, por no dar respuestas, censuró también la actitud del alcalde de la localidad, el popular José Manuel Rey, por "poner por delante los intereses partidistas".

Nuevas protestas

Las protestas de los trabajadores del sector naval de Ferrol se repetirán el 30 de mayo, en el que volverán a estar presentes, como sucedió el mes pasado, en el pleno municipal de la ciudad. Volverán así a denunciar, a su juicio, que las promesas de carga de trabajo realizadas desde la Xunta y el Gobierno son "un engaño en toda regla, una falsedad y un truco más de los gobiernos del PP".

La falta de carga de trabajo ha abocado a la mayor parte de las empresas a aprobar expedientes de regulación de empleo temporales o extintivos. Víctor Ledo, representante de la Federación de Industria de CC.OO., ha citado los ejemplos de Clece o Acciona, encargadas del mantenimiento, y de empresas de aceros como Nervión, que de cerca de 400 operarios ha pasado a tener en torno a 50.

Otras compañías, como Eymosa, Calsomatu, Maessa o Dinayn, están sujetas a expedientes de regulación de empleo temporales, mientras que otras, como Tecnymo, han optado por la extinción de cerca de 30 puestos de empleo.

En cifras generales, el número de operarios de empresas auxiliares que han perdido su empleo se sitúa, según CC.OO., en torno a "2.300".

La Policía Local de Ferrol ha detenido, después de una larga persecución, a un conductor que circulaba dando bandazos por la AP-9 en dirección a la ciudad, que carecía de carné por haber perdido todos los puntos y que acumula hasta 90 infracciones administrativas en los últimos dos años.

La Jefatura de la Policía Local ha explicado que la detención se produjo el pasado domingo 19. El vehículo, modelo Opel Vectra, circulaba por la AP-9 en dirección a Ferrol, dando bandazos, cuando fue localizado por un agente municipal.

Una patrulla de la Policía Local identificó el turismo después en la FE-13, cerca del polígono de la Gándara, en donde intentó darle el alto, sin éxito, porque el conductor aceleró bruscamente y continuó su camino hacia la Avenida del Mar, circulando de "forma temeraria" por encima de las glorietas.

Su huída continuó después hacia el Ayuntamiento de Fene, a través del puente de As Pías, por el carril contrario, a una velocidad de 157 kilómetros por hora en una zona limitada a 50, según registró el radar fijo que se encuentra en el lugar.

Finalmente, la patrulla policial consiguió detener al vehículo en la entrada de la autopista, en donde tras la identificación del conductor, se comprobó que circulaba con el permiso sin vigencia por haber perdido todos los puntos. Fue detenido e imputado por tres delitos contra la seguridad viaria: conducción con pérdida de puntos, conducción temeraria y exceso de velocidad.

El detenido cuenta con más de 90 infracciones administrativas en los últimos dos años.

El Consorcio de Compensación de Seguros no ve "justificados" 192 millones de euros de los 970 millones que reclama el Estado español por los daños causados por la marea negra del Prestige, aunque considera que 778 millones de euros sí que los están, ya que se acredita la documentación correspondiente.

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Cuatro peritos del Consorcio de Compensación de Seguros, entidad pública dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad y que encargó evaluar los daños de la catástrofe a 90 profesionales externos, han comparecido este miércoles en el juicio que se sigue por el accidente del petrolero Prestige en noviembre de 2002 frente a las costas gallegas.

La perito Mercedes Asensio ha precisado, en base al informe elaborado por el Consorcio de Compensación de Seguros, que de los 970 millones de euros que reclama el Estado español estarían "justificados" 778 millones, mientras que 192 no estarían acreditados con la documentación correspondiente.

"La documentación no estaba completa", ha señalado la perito, que asegura que realizaron un "estudio crítico" para comprobar "partida por partida" las reclamaciones del Estado.

Así, los peritos han desglosado algunas de estas partidas, indicando que el Ministerio de Fomento solicita por la catástrofe compensaciones por importe de 215 millones; y las de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino ascienden a 187. Mientras, el departamento de Agricultura solicita 87 millones; el de Defensa 49 y el de Hacienda 22.

Evaluaciones "restrictivas"

Sin embargo, frente a la valoración del Consorcio de Compensación de Seguros, que rebaja en 192 millones la cantidad reclamada, los peritos judiciales sólo justifican 184 millones del importe que reclama el Estado español.

Por su parte, el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC) sólo reconoce 300 millones de euros de daños, de los que ya ha abonado 114 millones y tiene pendiente de distribuir algo menos de 40 millones, debido a que en el momento del accidente, el límite de indemnización estaba establecido por los convenios internacionales en alrededor de 151 millones de euros.

Mientras, en su declaración, la perito del Consorcio de Compensación de Seguros ha calificado de "restrictivas" las evaluaciones realizadas por el FIDAC y los peritos judiciales.

Precisamente, los peritos judiciales declararán este jueves en el juicio que se sigue por la catástrofe del petrolero, y en el que la Fiscalía reclama 4.442 millones de euros por daños.

El comité de empresa de la planta de Gamesa en As Somozas (A Coruña) solicitará que la empresa opte por la suspensión de forma temporal en lugar del despido de 80 trabajadores de este centro productivo que está incluido en el expediente de regulación que supone la extinción de un total de 394 empleos en toda España.

El expediente de despido colectivo comunicado por Gamesa este lunes a los representantes de los trabajadores afecta a un 6% de la plantilla total de la empresa —394 trabajadores-, y supone el cierre de las plantas de Albacete (243 empleados) y de Tudela (71 trabajadores), y de una línea de producción en As Somozas (80 empleados), debido a que se han visto "especialmente afectadas por la disminución de la demanda y por pedidos de palas diferentes a las que se fabrican en estos centros", según indicó la compañía.

Los miembros del comité de empresa de la planta gallega de Gamesa han mantenido este martes una reunión con la dirección de la compañía en As Somozas en la que esta informó de que durante esta semana la empresa mantendrá contactos con los distintos sindicatos para enfocar la negociación.

Según ha explicado a Europa Press el presidente del comité, Alberto Todosantos (UGT), las negociaciones en firme comenzarán en torno al 29 de mayo y se centralizarán en Madrid, si bien ha puntualizado que la fecha concreta todavía se definirá durante esta semana. La negociación se prolongará "durante un mes", estima.

Nuevo modelo

La propuesta que defenderá el comité de As Somozas será que la extinción de 80 empleos sea sustituida por una suspensión temporal, puesto que en la planta se está trabajando en desarrollar un nuevo modelo, la pala 'G-114', y se desconoce cuál será "la respuesta del mercado".

"Aún no sabemos cuánto tiempo lleva hacer la pala nueva ni de qué mano de obra se precisa, y ahora tenemos personal formado", ha asegurado el representante sindical.

Asambleas de trabajadores

En la actualidad, según el dato ofrecido por el sindicato, la planta de As Somozas cuenta con 239 trabajadores, que se vería reducida a 159. "Plantearemos que los contratos en vez de extinción sean de suspensión; vamos a mantener asambleas con los trabajadores esta semana y entre todos veremos cómo lo planteamos", ha puntualizado. El comité de empresa de Gamesa en As Somozas está compuesto por siete delegados de UGT y seis de CC.OO.

Gamesa ya aplicó el pasado año un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en el que se redujo el número de despidos a 324, frente a los 480 planteados inicialmente, y que afectó principalmente a la estructura de oficinas de la compañía.

La Fiscalía ha ratificado este martes, en el juicio que se celebra en A Coruña por la marea negra del 'Prestigue', que los daños por el accidente del petrolero ocurrido en noviembre de 2002 ascienden "a medio plazo" para España a 4.328 millones de euros, de los cuales 2.439 millones corresponden a Galicia. Una cantidad que alcanza los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral francés.

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En la sesión de este martes, la profesora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) María Loureiro ha presentado un informe pericial a cargo de la Fiscalía titulado 'Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige'.

En este análisis es en el que se basa el Ministerio Fiscal para reclamar indemnizaciones por un importe de 4.442 millones, de los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (Fidac) ya ha abonado 114 millones.

La perito de la Fiscalía ha desglosado ante el tribunal la repercusión de la catástrofe en los diferentes sectores, aunque ha explicado que los cálculos se han hecho a medio plazo porque "a día de hoy, no hay suficiente base científica y académica para establecer una estimación a largo plazo".

Además, durante su exposición, ha señalado que en el caso de Galicia los daños podrían ser "más elevados" por su "alta dependencia" con el sector pesquero.

Por sectores

El informe atribuye las mayores pérdidas para el sector turístico en España que, según ha cifrado Loureiro, rozan los 500 millones de euros. También ha subrayado que las pérdidas en el sector pesquero en España ascendieron a 205 millones, aunque ha precisado que hay que sumarle otros 200 millones por la caída de reputación e imagen del sector, lo que repercutió en sus precios.

Asimismo, Loureira ha cifrado la pérdida en el sector acuícola en 48 millones, al tiempo que ha destacado los 71 millones de pérdidas para el sector industrial o a los 3,78 millones que supuso para el transporte marítimo, según ha desglosado.

En cuanto a los daños en la salud en las atenciones a los voluntarios que participaron en la limpieza de las playas, ha indicado que ascienden a 5,5 millones, aunque advierte de que podría ser más porque "hay estudios" que están detectando enfermedades que aparecen "a la largo plazo" y que supuestamente estarían relacionadas con la catástrofe.

Cantidades "desproporcionadas"

Tras su intervención, en la que la perito también ha indicado que las reclamaciones por daños civiles acreditados ascienden a 1.446 millones y el resto se incluye en daños medioambientales, el letrado del Fidac, Mike Garteiz, ha indicado que aquellas cantidades adelantadas por el Estado español deberían constar con carácter indemnizatorio y ser descontadas de los fondos pendientes a repartir.

Sin embargo, la perito de la Fiscalía las califica como "ayudas sociales". En cualquier caso, Garteiz ha cuestionado el método de este informe y ha considerado "desproporcionadas" las cantidades reclamadas.

La Fiscalía ha ratificado este martes, en la sesión del juicio que se sigue por la marea negra del 'Prestigue', que los daños por el accidente del petrolero ocurrido en noviembre de 2002 ascienden "a medio plazo" para España a 4.328 millones de euros, una cantidad que alcanza los 4.442 millones de euros si se añaden los daños en el litoral francés.

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En la sesión de este martes, la profesora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) María Loureiro ha presentado un informe pericial a cargo de la Fiscalía titulado 'Coste económico y medioambiental ocasionado por el hundimiento del Prestige'.

En este análisis es en el que se basa el Ministerio Fiscal para reclamar indemnizaciones por un importe de 4.442 millones, de los que el Fondo Internacional de Indemnización de Daños por Contaminación de Hidrocarburos (FIDAC) ya ha abonado 114 millones.

En su exposición, la perito de la Fiscalía ha desglosado su informe ante el tribunal, en el que destaca las mayores pérdidas para el sector turístico "a medio plazo" en España que, según ha cifrado, rozan los 500 millones de euros.

También ha subrayado que las pérdidas en el sector pesquero en España ascendieron a 205 millones, aunque ha precisado que hay que sumarle otros 200 millones por la caída de reputación e imagen del sector, lo que repercutió en sus precios.

La hija de la mujer acusada de inducir el asesinato de su pareja en A Coruña —que, a su vez, mantenía relaciones con la menor— ha exculpado a su madre y ha afirmado que fueron su exnovio, Álvaro Estiven C.V. —presunto autor de la puñalada mortal— y el exmarido de su progenitora, Antonio R.C., quienes la acompañaron para "pegar" a la víctima.

En el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia de A Coruña por el conocido como 'crimen de A Cubela', la joven, de 16 años y por la que se sigue un proceso judicial independiente por ser menor de edad, ha atribuido a una "invención" las conversaciones telefónicas en las que aludía a su madre como la supuesta persona que ideó el plan para propinar una paliza a la víctima, como ellas de nacionalidad colombiana.

Si este lunes fue su madre, Milena Carolina B. -para la que la Fiscalía pide 20 años de prisión como presunta inductora del crimen y autora de un delito de asesinato- la que dijo que admitió querer pegarle al fallecido para exculpar a su hija, este martes ha sido la menor la que ha salido en su defensa.

"Mi madre ha estado cuatro meses en la cárcel por mi culpa", ha dicho la joven, quien ha ratificado que era ella quien quería "pegar" al fallecido. "Me engañó", ha explicado la menor, quien dijo que el joven, de 25 años, le aseguró que su madre era "una tapadera" para estar con ella en unas relaciones "consentidas" por su parte.

Una "agresión"

Asimismo, ha argumentado que fueron su entonces novio, Álvaro Estiven C.V., y el exmarido de su madre, Antonio R. C., quienes, el 10 de enero de 2012, la acompañaron hasta las inmediaciones del domicilio del fallecido para "agredirle" y que su madre quedó durmiendo en casa tras tomarse unas pastillas.

Además, ha explicado que, al llegar a las inmediaciones del domicilio de Yonier Alejandro, ella se quedó en el coche, mientras estos dos acusados -para los que se piden 18 años de cárcel- "fueron a pegar" al fallecido. A continuación, ha negado que llevasen un cuchillo con el que se habría dado la puñalada mortal.

El exmarido niega su participación

Antes, ha prestado declaración el exmarido de Milena Carolina, Antonio R.C., cuya defensa alega que su cliente estaba la noche del crimen con el hijo que ambos tenían. Este procesado ha negado conocer a la víctima y también al presunto autor de la puñalada mortal, al que, de acuerdo con su declaración, conoció en prisión.

También ha argumentado que su relación con la principal acusada se limitaba "al niño". "Nunca me pidió que diera una paliza a nadie", ha dicho también sobre su mujer, a la que ha acusado de haberle presentado varias denuncias falsas tras su separación, todas archivadas, según su testimonio.

Ocultación del arma

A su vez, Azahara C.G., exnovia de Álvaro Estiven, ha admitido que este le confesó, en sus conversaciones por móvil, que le había dado "dos puñaladas a uno" y que no sabía si le iba a "denunciar". Por el contrario, ha negado que hubiese limpiado u ocultado el cuchillo con el que se habría cometido el asesinato y por lo que le piden un año y medio de prisión por un delito de encubrimiento.

Para ello, ha argumentado que se trataba de "invenciones suyas" para atraer la atención del joven, que mantenía una relación con ella y, al mismo tiempo, con la hija de la principal acusada. Ambas han negado ser amigas, a pesar de las conversaciones telefónicas aportadas en el juicio en los días previos a los hechos.

Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Betanzos culminaron el fin de semana una operación policial denominada 'Brigabalín', que propició la detención de cuatro personas, tres varones y una mujer, de entre 21 y 43 años, vecinos de A Coruña, por asaltar una casa en la localidad coruñesa de Bergondo.

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Según informa el Instituto Armado, los cuatro han sido arrestados como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, tenencia ilícita de armas, robo de vehículo y lesiones.

Los hechos ocurrieron en una vivienda de Bergondo que fue asaltada el pasado mes de diciembre con su morador dentro. Cada uno de estos delitos imputados, y en distintos grados de participación, recaen, según apuntan las mismas fuentes, sobre los ahora imputados de nacionalidad española, uruguaya y dominicana.

Además de llevarse el coche del propietario de la vivienda, los asaltantes desvalijaron el inmueble y sustrajeron diversos efectos que se llevaron en el vehículo de la víctima, un turismo de alta gama que sería recuperado días después por el Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad herculina.

Antes de huir del lugar de los hechos, los delincuentes ataron y golpearon a la victima "con gran violencia", según precisa la Benemérita, para conseguir que ésta les entregase el dinero que tuviese, aunque finalmente no lograron llevarse nada en metálico.

Meses de investigación

Tras meses de pesquisas, la Guardia Civil logró identificar a los ahora detenidos y practicó un registro domiciliario en una vivienda de A Coruña.

En el registro se intervinieron la mayoría de los objetos que habían sido robados en la casa de Bergondo, diversa documentación para su análisis policial y una escopeta de cañones recortados con la que, supuestamente, realizaron el disparo al techo de la casa en el momento de acceder a su interior tras fracturar una ventana.

Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Betanzos, cuyo titular ordenó el ingreso en prisión de tres de los detenidos.

Agentes de la Guardia Civil de la localidad coruñesa de Arteixo han detenido a un vecino del municipio como presunto autor de un robo con fuerza en las cosas por la sustracción de chatarra metálica en una nave industrial.

Según informa el Instituto Armado, el hombre, de 39 años, supuestamente forzó una persiana metálica y la cerradura de una puerta para acceder al interior de una nave industrial ubicada en el lugar de Anzobre, en Arteixo.

Del lugar, el individuo supuestamente se habría llevado diversa chatarra metálica. La Guardia Civil explica que los hechos tuvieron lugar la pasada semana y la detención se practicó este lunes.

Los hechos han sido puestos en conocimiento del juzgado de guardia de A Coruña y el imputado quedó en libertad con cargos.