La huelga de jueces y fiscales convocada para este miércoles contra las reformas emprendidas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha alcanzado un seguimiento del 62% en toda España, según las asociaciones profesionales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

Estos datos se pueden desglosar en un 66% en Madrid; un 56% en Cataluña; un 74% en Extremadura; un 69% en Andalucía; un 71% en Aragón; un 59% en Valencia; un 58% en el País Vasco; un 72% en Murcia y un 68% en Canarias.

Las asociaciones, cifran el número de profesionales que han hecho huelga en 2.500, el 62% de quienes pueden secundar. Excluyen de esta base, por tanto, a jueces y fiscales sustitutos o a los que están de licencia o baja.

José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, asegura que este resultado es "satisfactorio". Sin embargo, aseguró tener "serias dudas" de que el ministro "recapacite". No secundan el paro los colectivos conservadores Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cifrado el seguimiento de la huelga en el 41,32%. De los 5.015 miembros de la carrera judicial, 2.018 han comunicado su decisión de sumarse a la protesta contra las reformas judiciales emprendidas por el Ministerio de Justicia, han añadido las mismas fuentes.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha agradecido que "la mayoría" de fiscales, jueces y magistrados hayan hecho un "ejercicio de responsabilidad" y hayan cumplido con su "función jurisdiccional" acudiendo a sus puestos de trabajo, y ha dicho que el fracaso de la huelga es su convocatoria.

Con esta jornada de huelga, los jueces y fiscales convocantes reivindican el incremento de la inversión pública en Justicia, la paralización inmediata del proyecto de reforma del CGPJ y la derogación de la ley orgánica 8/2012 de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica también la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Reclaman, además, la derogación o "modificación urgente" de la ley de tasas judiciales, contra la que se han presentado miles de firmas en contra y que ha sido recurrida ante el TC por el PSOE, y la reforma de la ley de indulto para evitar "la discrecionalidad política de forma arbitraria".

Los convocantes, que piden al poder político que abandone "toda tentativa de recortar las competencias" del Poder Judicial, son la asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, y las de fiscales Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales.

La fecha elegida para la huelga enlaza de forma simbólica con la primera huelga de los jueces, llevada a cabo el 18 de febrero de 2009 contra el entonces ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien dimitió a los pocos días de esta jornada de protesta de los jueces.

Como en las dos huelgas anteriores, tampoco en esta ocasión la convocatoria ha sido apoyada de forma unánime, ya que no la secundan las dos asociaciones mayoritarias y de carácter conservador: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales (AF).

La primera huelga celebrada en 2009, convocada por la asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, tuvo un seguimiento del 62% de los miembros de la carrera judicial según los organizadores (el CGPJ lo rebajó al 35,47%), mientras que la segunda, acaecida el 8 de octubre de ese mismo año y organizada por la APM, fue secundada por el 30% (el 23,57% según el CGPJ).