Un año de gobierno en minoría

Un año de gobierno en minoría

José Moisés Martín Carretero
JOSÉ MOISÉS MARTÍN CARRETERO ECONOMISTA

Ha pasado un año ya desde el inicio de la legislatura. La primera de la era del fin del bipartidismo, donde cuatro grandes partidos deben trabajar día a día para ganarse los apoyos de los otros partidos para construir mayorías suficientes destinadas a sacar sus iniciativas en un parlamento sin una mayoría sólida.  Un año de la legislatura de la llamada recuperación, que sitúa a España como una de las economías con un crecimiento más sólido de toda la Unión Europea.

Y pese a este crecimiento, un año perdido para las grandes reformas económicas y sociales. En términos económicos, poco o nada se ha adelantado en los retos del país. Comenzando por la recuperación social, son pocas las buenas noticias: salvo en el ámbito del salario mínimo interprofesional (SMI), que tuvo a inicios de año una de las subidas más importantes de los últimos 30 años (un 8%), las noticias en materia laboral siguen estando lejos de las expectativas. Es innegable la creación de empleo: 502.000 empleos en el último año, según los datos del INE. Pero la calidad dista mucho de ser la deseable: los salarios no han recuperado poder adquisitivo pese a las advertencias tanto del FMI como del Banco Central Europeo, amenazando la robustez de la recuperación. En materia de negociación colectiva, la reforma laboral de 2012 sigue vigente, aunque en honor a la verdad debería señalarse que se ha anunciado una serie de reformas contra la temporalidad cuyos efectos están todavía por estudiar.

Si atendemos a otras dimensiones sociales, como la lucha contra la pobreza, el acceso a la sanidad universal o la reducción de las desigualdades, no andamos mucho mejor. En un informe hecho público por la plataforma Poletika, los pasos en materias sociales, exceptuando la subida del SMI, deben considerarse como insuficientes.

Los pasos en materias sociales deben considerarse como insuficientes

Mirando en otra dirección, la política de innovación y de transformación del modelo productivo sigue apareciendo como una política de baja prioridad: el gasto de la Administración General del Estado para I+D se incrementó en un 4,1% en los presupuestos generales de 2017 hasta situarse en 6.029 millones de euros, muy lejos todavía del máximo histórico de 2008, cuando alcanzaron los 10.000 millones. Una subida que no satisfizo a la Fundación Cotec, que señaló en su momento que el principal factor de incremento fue debido a los créditos, que no se utilizan, en detrimento de los gastos no reembolsables, de los que España adolece.

La política energética sigue su rumbo errático y este año solo ha servido para confirmar como las cortes de arbitraje internacional han terminado dando la razón a los inversores internacionales por el recorte de las renovables. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sigue cojo con la salida de Cristina Narbona, quien no ha sido sustituída pese a contar con un recambio acordado entre PSOE y Podemos que no es del agrado de las grandes firmas eléctricas, que tienen el CSN totalmente cooptado. Política errática que ha llevado a desmantelar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tras la apresurada fusión de reguladores de 2012.

Pero no todo son sombras. Hay algunos avances, como la Ley de Cambio Climático o la creación del Grupo de Alto Nivel nacido para pilotar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Iniciativas que todavía están por desarrollar todo su potencial.

La agenda de reformas está todavía casi sin estrenar

En definitiva, la agenda de reformas está todavía casi sin estrenar. Este gobierno nació exhausto y cansado tras los años del ajuste, y no tiene demasiadas ideas. La oposición mayoritaria tampoco se pone de acuerdo en impulsarlas. Y cuando todo indicaba que había llegado el momento de ponerse a trabajar, estalló Cataluña y la agenda volvió a cambiar. El Gobierno –y casi diría que todo el país– procrastina, y el dosier catalán es una magnífica oportunidad para aparcar, de nuevo, nuestras prioridades a largo plazo.

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