Cuatro ex ministros del PP, citados como testigos en el caso Fabra

Según informaron fuentes jurídicas, así lo dicta un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, que estima parcialmente un recurso presentado por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana contra la negativa del citado juzgado a practicar estas diligencias.

Además de la comparecencia de los ex-ministros, la Audiencia también ha ordenado la declaración testifical del portavoz del gobierno valenciano, Esteban González Pons, y del senador del PP Juan José Ortiz, así como la aportación de los certificados de titularidad de los inmuebles de Fabra, su esposa y los hijos de ambos.

Delitos contra la Administración Pública

El auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, recuerda que los hechos investigados podrían ser constitutivos de "delitos contra la Administración Pública", y entre ellos, "más concretamente", se encontrarían los de "cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas".

Por ello, debido a la "complejidad" de los delitos económicos y a que "son menos evidentes que un homicidio o un robo con violencia", considera que es necesario practicar el mayor número de pruebas posibles, siempre que éstas no hayan sido solicitadas para dilatar o dificultar el proceso.

Además de los citados ex ministros y de Esteban González Pons -que cuando se produjeron los hechos investigados era portavoz del PP en el Senado-, también deberá declarar, entre otros, el ex director general de Promoción Agrícola del Ministerio de Agricultura Juan José Guitián.

Respecto al presidente de la Diputación de Castellón, la Audiencia considera que sería "útil" para la investigación que se aportaran las certificaciones del Registro de la Propiedad sobre las propiedades de Fabra, su esposa y los hijos de ambos.

Subraya la importancia de las mismas en la posible existencia de un delito contra la Hacienda Pública, "pudiendo además suministrar siquiera algún dato indiciario sobre las recepción de concretas dádivas o de beneficios económicos derivados de un presunto tráfico de influencias".