El alcalde de Ponte Caldelas (Pontevedra), Perfecto Rodríguez (PP), ha exigido a su homólogo en el municipio pontevedrés de Poio, Luciano Sobral (BNG), el cumplimiento de la sentencia y el desalojo de dos familias gitanas de las viviendas de la parroquia de Caritel.

Perfecto Rodríguez ha recordado que los contratos de alquiler realizados por el Ayuntamiento de Poio con las familias realojadas están anulados por sentencia firme, "por lo tanto esas familias están en las viviendas de Caritel de manera totalmente ilegal, sin contrato alguno y con consentimiento del Ayuntamiento de Poio que tiene la obligación de ejecutar la sentencia, y de proceder a su desalojo".

El Alcalde de Ponte Caldelas considera que durante estos meses ha mantenido "una actitud prudente y de colaboración con Poio para darle tiempo a buscar una solución alternativa, evitando que se crease conflictividad social durante la ejecución de la sentencia".

Para evitar esa conflictividad ni el Consistorio de Ponte Caldelas ni los vecinos de Caritel dieron publicidad a esa sentencia para facilitar al Ayuntamiento de Poio una salida sin presión mediática.

"Pasados seis meses de la notificación de la sentencia tengo que destacar la total dejadez del Ayuntamiento de Poio en la solución de este asunto. Algo que no voy a consentir ni yo como alcalde, ni el Ayuntamiento como institución", ha manifestado.

"La Justicia nos ha dado la razón en el juzgado y en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Y las sentencias se van a cumplir", ha afirmado Perfecto Rodríguez.

La Fundación Secretariado Gitano, está buscando una alternativa para una de las familias que residía en Caritel, la otra había incumplido ya el contrato de alquiler.

"tomar en serio"

El alcalde de Ponte Caldelas ha señalado que "a pesar de esta colaboración el Ayuntamiento de Poio sigue sin tomar en serio la ejecución de esta sentencia con la celeridad y seriedad que requiere el caso".

Por todo ello, el pasado 2 de marzo la representación jurídica del Ayuntamiento de Ponte Caldelas ha presentado en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Pontevedra un escrito para solicitar que "en el plazo máximo de 15 días dé cumplimiento a la sentencia".

"En caso de no adoptar resoluciones ajustadas a derecho y eficaces en el plazo indicado, incurrirá en un delito de desobediencia, el cual será puesto de manifiesto al ministerio fiscal", ha concluido el alcalde de Ponte Caldelas.