El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, ha considerado este lunes que el expresidente de la Junta de Andalucía y el actual, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente, son "más culpables hoy que ayer" en el caso de los ERE, tras detectarse "el nuevo fraude y el nuevo fondo de reptiles" que pone de manifiesto que "el caso de las irregularidades en los ERE se extendía más allá de la Dirección General de Trabajo" y podría afectar "a varios departamentos, como la Consejería de Empleo y la de Economía, Innovación y Ciencia".

En rueda de prensa en Huelva, Sanz ha hecho hincapié en que su formación va a pedir explicaciones "de manera inmediata" en el próximo pleno del Parlamento de Andalucía, ya que este "nuevo fondo de reptiles hace más amplia la mancha de corrupción" de la Junta de Andalucía.

Ha explicado que "la creación de un nuevo fondo de reptiles" durante el año 2003 motivó la posible existencia de un nuevo procedimiento que podría ser "irregular" en las ayudas a empresas, pymes y familias para la incorporación de las nuevas tecnologías "por parte de la Dirección de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la época".

Así, ha insistido en que "la Intervención General de la Junta de Andalucía a la vez que advirtió de la posibilidad de los fraude en los ERE, también lo hizo a través de otro informe en la misma fecha y a los mismos dirigentes políticos de la existencia de otro posible fraude de 87 millones de euros en esas ayudas para la incorporación de las nuevas tecnologías a pymes, autonómos y familias".

Por ello, para Sanz, la Intervención General de la Junta de Andalucía advirtió de que el procedimiento en este caso "era el mismo que en los ERE", y por tanto, "igualmente irregular".

El secretario general del PP-A ha subrayado que además la Intervención General de la Junta detectó "una desviación presupuestaria de 43 millones de euros", dejando claro que "de la disposición de 87 millones de euros, la mitad estaba fuera de disponibilidad presupuestaria".

Ante esta situación, considera que "no se trata de la responsabilidad de un director general, sino que este nuevo fraude demuestra que éste era un procedimiento que se extendía más allá de la Dirección General de Trabajo" y abarcaba a la "Dirección General de Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía".

"No se trata de un caso aislado de un director general, sino de un procedimiento que se seguía de manera amplia en la gestión de la Junta de Andalucía, que afectaba a varias direcciones generales y varias consejerías", como Empleo e Innovación, ha apuntado.

En su opinión, "lo más grave es que se podría haber evitado el fraude" si Chaves y Griñán hubieran "tomado las medidas, una vez que se lo advirtió la Intervención General de la Junta de Andalucía, por lo que esto hace más responsables", a su juicio, a ambos dirigentes.

La querella,

En los juzgados

Por su parte, ha confirmado que este lunes se ha registrado en los juzgados la querella presentada por el PP en la que acusa a un total de 26 personas, —entre los que se encuentran responsables políticos, intermediarios, brokers y presuntos beneficiarios irregulares de ERE—, de estar involucrados en "delitos de la magnitud de la malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, uso de información privilegiada y fraude en subvenciones".

En este sentido, el dirigente 'popular' ha aclarado que el PP "no descarta y está convencido" de la necesidad de la ampliación de la querella, que ya recoge esta posibilidad.

De este modo, el dirigente 'popular' ha señalado que esta denuncia podría derivar en otros dirigentes políticos implicados si esto resultara de las investigaciones.

Así, la querella en este momento se dirige sobre un total de 26 personas, pero el PP "reconoce" que según el desarrollo de la investigación, tanto en el ámbito parlamentario como en los juzgados, este número "se podría ampliar".

"primera aproximación"

Sanz ha indicado que se trata de "una primera aproximación" de responsabilidades que la formación conoce que pudieran existir, al mismo tiempo que ha remarcado que ésta se podrá ampliar como resultado de la investigación y si se detectan más posibles responsables.

De otro lado, Sanz ha subrayado que la querella sostiene que los responsables de haber cometido un fraude en los ERE que resulten condenados "tengan que restituir a la Hacienda Pública las cantidades indebidamente dispuestas".

Además, el secretario general del PP-A ha explicado que en la querella se deja claro que "en ningún caso" se pueda perjudicar a aquellas empresas o trabajadores que "con buena fe y bajo la creencia de la legalidad" de las subvenciones se acogieron a los Expedientes de Regulación de Empleo.

"Descartamos que se pueda perjudicar en ningún caso a las empresas o trabajadores que de buena fe se han acogido a los ERE", ha destacado Sanz, que ha incidido en que la querella en este sentido es "tajante".

A su juicio, "una cosa son los que han cometido el fraude y otra, los trabajadores y empresas que en su derecho y de manera totalmente regular se han acogido a un ERE". Y en consecuencia, "no se pueden mezclar las cosas", ha añadido.

Además, ha hecho hincapié en que la querella el PP pide que "en ningún caso" se plantee que si como consecuencia de las investigaciones se declarara nulo el procedimiento, "eso pudiera afectar a los trabajadores", ya que como ha matizado "una cosa es declarar nulo el procedimiento y otra es que corran peligro las ayudas de todos los trabajadores".

Ante esto, Sanz ha precisado que la querella va "contra los trabajadores que se hayan acogido de manera fraudulenta a los ERE", por lo que se refiere a "los infiltrados de manera irregular, que en su mayoría son cargos públicos del PSOE y vinculados al PSOE".

En esta misma línea, ha instado a la Junta de Andalucía a investigar "los ERE muertos", es decir, aquellos en los que ya ha cumplido su compromiso, ya que "sólo ha comenzado a investigar cuando se le ha pillado con las manos en la masa y se ha visto obligada por la juez". "Los 146 casos que han sido detectados, es decir, el 50 por ciento de los EREs realizados por la Junta pueden incorporar intrusos ilegales, ya que de las 64 empresas investigadas, 32 están manchadas".

Por último, ha reiterado que la querella hace hincapié en la necesidad de investigar "la intervención de los brokers, donde se han engordado las pólizas de manera escandalosa y no se sabe dónde ha ido el dinero".