La Comisión Europea (CE) denunció este lunes a España y Francia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) por mantener la tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar los entes públicos de radio y televisión.

La CE considera que estos impuestos "son incompatibles con las normas de la UE en materia de telecomunicaciones", que disponen que las tasas específicas cobradas a los operadores del sector estén relacionadas directamente con la cobertura de los costes de regular el sector de las telecomunicaciones, según explicó un comunicado.

"La Comisión Europea ha decidido llevar a Francia y España al Tribunal de Justicia de la UE, porque siguen imponiendo tasas específicas sobre el volumen de negocios de los operadores de telecomunicaciones, lo que infringe el Derecho de la UE", indicó. Bruselas recuerda que tanto España como Francia decidieron introducir dichas tasas cuando decidieron suprimir la publicidad de pago en sus televisiones públicas.

El nuevo modelo de financiación de Radiotelevisión Española (RTVE), aprobado por el Consejo de Ministros en julio del año pasado, impone una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9 % de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago.

En octubre pasado, los operadores hicieron los primeros pagos a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y, según las autoridades españolas, la previsión era obtener unos ingresos de unos 230 millones de euros en concepto de esta tasa en 2010, recordó la CE.

Según el artículo 12 de la directiva relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas, se pueden imponer tasas a los operadores de telecomunicaciones únicamente para sufragar determinados costes administrativos y reglamentarios, y las tasas deben ser objetivas, transparentes y proporcionadas, apuntó la CE. También se debe consultar oportunamente a las partes interesadas sobre cualquier modificación de esas tasas.

Al considerar que las nuevas legislaciones impuestas por España y Francia no estaban en línea con las disposiciones europeas sobre telecomunicaciones, la Comisión emplazó a esos dos países en octubre pasado a eliminar esos impuestos. En cambio, como "siguen estando vigentes" a día de hoy, la CE ha decidido denunciar a esos estados ante la Corte con sede en Luxemburgo.

El Ministerio de la Presidencia ha insistido este lunes en la legalidad del modelo de financiación de RTVE y ha hecho público un comunicado después de que la CE anunciara su decisión de llevar a España y a Francia ante el Tribunal de Luxemburgo.

El Gobierno está convencido de que el modelo es legal y espera que el Tribunal "reconozca la autonomía fiscal" de España y declare compatible el gravamen con el derecho comunitario, para lo que ya trabaja la Abogacía del Estado. El ministro de la presidencia, Ramón Jáuregui, ha señalado que ha tratado de convencer a la comisaria europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, de la legalidad del modelo y ha avanzado que el Gobierno sostendrá esta posición ante los tribunales.

"Los españoles deben saber que el Gobierno cree firmemente en su modelo, cree en una televisión pública sin publicidad que está yendo muy bien y está siendo muy bien recibida por la ciudadanía, y lo vamos a defender ante los tribunales con toda convicción y espero que con éxito", ha apostillado el ministro.

Según el Ministerio de Presidencia, el actual modelo de financiación de RTVE, "cuya aceptación por los ciudadanos es evidente, parte de la contribución razonable y equitativa a la Corporación por parte de aquellos actores económicos que se benefician de la supresión de la publicidad en la cadena pública".

Además de las cadenas de televisión privadas, según Presidencia, también se benefician los operadores de telecomunicaciones que difunden contenidos audiovisuales en los que insertan publicidad. "La figura jurídica de la contribución para sostener un servicio público está contemplada en el ordenamiento comunitario", subraya en el comunicado.

Argumenta también el ministerio que la ley de financiación de RTVE no vulnera la directiva de autorización comunitaria y "no puede considerarse como una doble imposición", porque no se obliga a todas las operadoras a contribuir, sino sólo a las que difunden contenidos audiovisuales.