Las investigaciones sobre la red se iniciaron en el mes de junio de pasado año a raíz de los datos facilitados por Interpol en España, que señalaban la existencia de una organización criminal internacional, dedicada al tráfico de seres humanos desde China a terceros países, entre ellos España, Estados Unidos, Canadá o Sudáfrica, informó Interior en un comunicado.
En uno de los domicilios localizados se encontraban retenidas un número indefinido de víctimas, quienes estaban a la espera de ser enviados a sus destinos finales de forma inmediata.
Como resultado de los registros realizados en dos domicilios de Madrid, fueron detenidas catorce personas, todas ellas de origen chino, entre los que se encontraban diferentes miembros de la organización radicada en España.
Luego se detuvo a los acusados de ser los máximos responsables en España, por delitos relacionados contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
El objetivo de la organización era introducir fraudulentamente ciudadanos chinos en diversos países, utilizando para ello documentación falsificada de otros ciudadanos a los que no se les exige visado para entrar en países integrantes del Acuerdo Europeo de Schengen, en América o Sudáfrica.
Las condiciones en las que mantenían en España a las personas con las que traficaban eran lamentables, hacinados en pisos, insalubres, llegando incluso a vivir 13 personas en uno de menos de 50 metros cuadrados.
En el caso de las mujeres, eran explotadas laboral o sexualmente, hasta saldar la deuda contraída, estimada en unos 20.000 euros por persona.
Se estima que durante el último año y medio dicha organización habría traficado con unos 300 ciudadanos chinos, con un beneficio próximo a los seis millones de euros.
PIRATERÍA Y TRÁFICO DE MENORES
Además se descubrió un piso en el distrito madrileño de Carabanchel en donde un grupo de orientales se dedicaba a la reproducción, almacén y venta de material fonográfico y videográfico en CD y DVD que se distribuían a varias ciudades españolas, añadió el comunicado.
En el inmueble fueron intervenidos numerosos efectos utilizados en las defraudaciones y copias que alcanzaban en el mercado una cantidad valorada por los peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 384.500.
Cuatro ciudadanos chinos - tres de los cuales estaban ilegalmente en España - fueron detenidos como autores de un delito contra la propiedad intelectual e industrial.
Otra mujer china ha sido acusada de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, por aportar sus datos personales y realizar las diferentes gestiones con la Administración para reagrupar de forma fraudulenta a menores de edad, haciéndoles pasar por hijos legales.
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