La Generalitat de Catalunya ha impuesto 205 multas lingüísticas a establecimientos catalanes en 2010 por incumplir la Ley de Política Lingüística, que fija sanciones para aquellos establecimientos que no rotulen "al menos en catalán", por un valor superior a los 182.000 euros.
Las multas lingüísticas son una vergüenza democráticaEn una respuesta a una pregunta parlamentaria del PP al consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, se detalla que la gran parte de la sanciones se concentran en la comarca del Barcelonés (116), seguido del Baix Llobregat, Vallès Oriental y Occidental y en las comarcas de La Garrotxa, La Selva, Alt i Baix Empordà, entre otras.
En correspondencia, las 98 multas impuestas en Barcelona supusieron una recaudación superior a los 82.000 euros; las 10 en L'Hospitalet de Llobregat un total de 9.450 euros; las diez también en Lloret de Mar 10.300 euros; las cinco en Santa Coloma de Gramenet una cifra de 6.100 euros, y sorprende que las cuatro multas impuestas en Mataró asciendan hasta los 10.300 euros de recaudación.
Los catalanes tenemos derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellanoSegún un comunicado del PP, las 205 multas lingüísticas de 2010 suponen un aumento respecto a las 151 que la Generalitat impuso el año anterior (cuya recaudación fue de 147.000 euros), aunque en 2008 se marcó el máximo en ambos sentidos: hubo 209 sanciones que supusieron 208.000 euros. El secretario general del PP, Jordi Cornet, ha reiterado que las multas lingüísticas son una "vergüenza democrática", por lo que ha instado al Gobierno autonómico a suprimirlas por considerar que son discriminatorias y no respetan la libertad de las personas.
"No es normal que tengamos que recordar constantemente que en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales, y que los catalanes tenemos el derecho a expresarnos tanto en catalán como en castellano indistintamente", ha subrayado. Además de opinar que la administración debe dar el mismo trato a ambas lenguas, ha acusado al PSC de ser el principal instigador de las multas lingüísticas, "que ascienden a 900.000 euros en su mandato, por mucho que ahora renieguen de sus propias políticas".
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