La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha aseverado que le parece "injusto" que mariscadoras "que no cumplieron la ley" —por el colectivo de profesionales que faenaron hasta el año 2000 sin estar dadas de alta en la Seguridad Social— estén cobrando 11.000 euros anuales, según ha cifrado, mientras que las que están trabajando cobran rentas "medias" de 7.000 euros.

Tras debatir varias iniciativas en las que los grupos de la oposición han pedido en varias ocasiones a la titular del departamento autonómico restituir el subsidio de unos 557 euros al mes para 178 mariscadoras, el diputado del BNG Bieito Lobeira se ha comprometido este jueves a "negociar" con Mar la posibilidad de "retirar" parte de alguna partida de la consellería con el objetivo de mantener la ayuda.

Lo ha afirmado durante la formulación de una pregunta a Rosa Quintana sobre la retirada, que afecta a mujeres que no cotizaron el periodo mínimo —15 años— para obtener una pensión no contributiva. En su intervención, la conselleira no se ha posicionado sobre la propuesta de Lobeira.

Por contra, el nacionalista ha recordado que estas mariscadoras, que obtuvieron su permiso de marisqueo hasta 2000 sin necesidad de estar dadas de alta en la Seguridad Social, "no tienen nada que perder" ya que "lo han perdido todo" y ha acusado al Gobierno de ser "de auténtico cemento" por no escuchar las peticiones del colectivo.

Por ello, ha manifestado la "voluntad" del BNG de "llegar a un acuerdo" para "retirar alguna parte" de otra partida de la Consellería do Mar para "restituir esta ayuda", algo sobre lo que no se ha posicionado Quintana.

Dejar la "demagogia"

En contraposición, la conselleira ha insistido en que la eliminación de la ayuda a mariscadoras sin derecho a pensión por jubilación ha sido una medida que le "costó tomar" y ha instado al nacionalista a "dejar la demagogia" en esta cuestión.

Este punto ha sido asimismo enérgicamente rechazado por Bieito Lobeira, que ha recordado que la obligatoriedad de cotización para obtener el permiso de marisqueo se remonta al año 2000, aunque Rosa Quintana ha precisado que un decreto de 1993 ya establece esta "obligación legal".

"No me gustaría que ninguna mariscadora quedase en exclusión social, pero somos un Gobierno responsable y tenemos que realizar una gestión eficiente de los fondos", ha indicado Quintana, al tiempo que ha señalado que su departamento "revisará" las solicitudes de ayuda para saber "quién tiene derecho".