El Pleno del Congreso de los Diputados ha convalidado, con los votos de PSOE, PP y CC y la abstención del PP y el PNV, el decreto ley de medidas para impulsar la recapitalización de las entidades financieras, a pocas horas de que el Banco de España dé a conocer este jueves las necesidades de capital en el sistema financiero español entidad por entidad.

La norma ha salido adelante por 177 votos a favor, 8 en contra —de los grupos minoritarios, entre ellos el BNG— y 157 abstenciones. Asimismo, se ha rechazado la tramitación como proyecto de ley, lo que hubiera permitido a la oposición introducir enmiendas.

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, ha advertido de que es "extremadamente urgente y necesario" dar luz verde al último paquete de reformas financieras articuladas en el decreto de recapitalización de las entidades, para completar la "fase final" de la reordenación del sector, despejar las "dudas" en los mercados y garantizar el flujo de crédito para "fomentar al máximo la recuperación y la creación de empleo".

No obstante, sus palabras no han convencido a los diputados de la oposición, que no han modificado su posición tras escucharla. Así, sólo CiU y CC han expresado su apoyo a la norma, mientras que PP y PNV han optado por al abstención y las minorías de la izquierda parlamentaria se han situado en contra.

Salgado estima 20.000 MILLONES.

El Ejecutivo estima que el hueco de capital en el sistema financiero no supera los 20.000 millones de euros y ha emplazado a las entidades con necesidades de capital a reforzar su solvencia antes del próximo 30 de septiembre, o recibirán recursos públicos a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

El Gobierno ha establecido una exigencia de capital del 8% para las entidades, y del 10% para las que no cotizan, no cuentan con presencia de inversores privados en el 20% del capital y disponen de una excesiva dependencia de la financiación mayorista de más del 20%, lo que apunta directamente a las cajas de ahorros.

En este sentido, Salgado ha asegurado que el nuevo decreto sigue con la línea marcada por la creación de Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA), así como todas las medidas puestas en marcha desde 2008.

"Dado el contexto de elevada incertidumbre en los mercados, estas medidas debían entrar en vigor de manera urgente", ha afirmado Salgado, quien ha remarcado que las actuaciones siempre han ido destinadas a "minimizar" el impacto global de la crisis en el sistema financiero español y en el erario público. Así, ha explicado que España es uno de los pocos países en los que las ayudas a la banca han generado ingresos al Estado.

Negociación con el pp hasta el último momento

El coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, ha justificado que, por primera vez, los 'populares' no apoyen una medida de reforma financiera porque "llega tarde, llega mal y llega peor enfocada", y supondría un recorte del crédito "a corto plazo" y pone en dificultades a las entidades e incluso al FROB, por la dificultad de captar capital en los mercados financieros.

Pero también ha censurado la "falta de voluntad política" para llevar a cabo una "negociación" con el PP, que no ha sido convocado por el Gobierno hasta que no se presentó la reforma, pese a que los contactos "a posteriori" se han extendido hasta última hora de la pasada noche.

El PP condicionaba su apoyo a que el Gobierno le garantizara que aceptaba que aquellas entidades que necesiten captar capital, especialmente las cajas de ahorro, puedan hacerlo a través de un amplio abanico de opciones que no pasen necesariamente por la emisión de acciones, procedimiento que implicaría la 'nacionalización' de las entidades con la entrada del FROB, si bien su posición final implica que no ha habido acercamientos en este punto concreto.

Pese a su voto favorable, el diputado de CiU Josep Sánchez Llibre remarcó que el plan no es el "modelo que le hubiera gustado a la federación catalana" y, aunque considera que la supervivencia del modelo de cajas está garantizada, debe ponerse énfasis en que fluya el crédito a las pymes. Asimismo, ha recalcado que su apoyo es "en favor de todas las cajas" y no sólo las catalanas.

La portavoz de CC, Ana Oramas, ha asegurado que en este momento es "imprescindible" apoyar el decreto y ha asegurado que hay que hacer un esfuerzo importante para explicar a los ciudadanos los costes de este proceso al Estado, así como de su impacto en mejorar el acceso al crédito.

"suicidio asistido" de las cajas

El representante del PNV, Pedro Azpiazu, ha anunciado la abstención de su grupo porque el proceso pone en riesgo la "naturaleza y esencia" de las cajas de ahorro, vinculadas al territorio y al servicio a los ciudadanos y ha asegurado que "echa en menos" en el discurso del Gobierno un "compromiso" con las entidades.

En una línea similar, el portavoz de ERC, Joan Ridao, ha denunciado el "suicidio asistido" del modelo de cajas que consolida el nuevo decreto, que hará que su importante función financiera y social se pierda en el "centrifugado recentralizador" de las competencias autonómicas en la gestión de las entidades, que, a su juicio, tiene como objeto impulsar su privatización.

Su compañera de grupo parlamentario y diputada de ICV, Nuria Buenaventura, ha lamentado que al reforma no aborde en profundidad medidas para evitar que se repitan los "excesos" de la banca que provocaron la crisis y ha propuesto medidas para impulsar la "banca pública".

El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, ha denunciado el "expolio" del ahorro de los gallegos por el impacto de esta reforma en Novacaixagalicia, que tiene un core capital inferior al 6% y está lejos de cumplir las nuevas condiciones. En su opinión, el decreto "pretende convertir a las cajas en los chivos expiatorios de los problemas del sector financiero" y "venderlas a precio de saldo".

Al respecto, detectó que el decreto no pretende otra cosa que forzar la bancarización y privatización de las cajas, sobre las cuales destacó su papel como "el principal instrumento" en la concesión de crédito a los autónomos, a los habitantes de municipios del rural y a los sectores más desfavorecidos.