El pleno de las Cortes regionales ha aprobado este jueves, con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP, la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha, que tiene por objeto regular el empleo público de la Comunidad Autónoma y el régimen jurídico del personal -funcionario, laboral y eventual— que lo integra, afectando en su totalidad a más de 120.000 trabajadores.

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, ha sido el encargado de abrir el debate de esta norma —que ha llegado a pleno con algo más de 40 enmiendas del Partido Popular—, que cuenta con el apoyo de los sindicatos mayoritarios y que permitirá conseguir una administración mucho más transparente y "más moderna, cercana y austera", ha dicho.

Algo en lo que ha coincidido el diputado del PSOE Felipe Rodríguez Aguilar, defensor del dictamen de una norma que "mejora sustancialmente la carrera profesional" y supone "muchísimas ventajas para los ciudadanos", y a la que se ha llegado tras un proceso "pactado, dialogado con los sindicatos después de un largo proceso".

El texto afecta a los trabajadores de la Administración de la Junta, las entidades locales, las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de las anteriores administraciones, las universidades públicas; el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social y los consorcios dotados de personalidad jurídica propia. ENDEUDAMIENTO

Durante el debate, el parlamentario del Partido Popular Benjamín Prieto ha discrepado en cuanto al apoyo sindical del texto —teniendo en cuenta que CSI.F se ha manifestado ante las Cortes en contra— y ha destacado el "abuso" que hay en la administración regional en lo que a puestos de personal directivo se refiere, así como el "despilfarro y gran endeudamiento".

Prieto, en la defensa de sus enmiendas, ha pedido, entre otras cosas, que el nombramiento de personal funcionario interino se produzca mediante procedimientos "ágiles" que cumplan con principios de publicidad, libre concurrencia, igualdad, mérito y capacidad; o que para ser personal directivo profesional sea necesario tener la condición de personal funcionario de carrera del grupo A.

También que el personal directivo dé cuenta de los resultados obtenidos, que entre las faltas muy graves en las que concurren los empleados públicos figure el "uso excesivo o arbitrario en el uso de la autoridad", o el derecho del empleado público para reconocer la carrera profesional y que todos puedan promocionar horizontal y verticalmente, y ha aseverado que la aceptación de estas enmiendas es "lo que conviene a la región".

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La murciana'

Por el contrario, el diputado socialista Felipe Rodríguez Aguilar, que ha criticado las manifestaciones del parlamentario del PP para mantener unas enmiendas que a su juicio "no tienen ningún sentido", ha pedido a Prieto que le ponga "un ejemplo donde el PP haga lo que pide", como el cese del personal eventual, en aquellas regiones donde gobierna.

"Desde el PSOE hemos escuchado absolutamente a todos", ha concluido el parlamentario, que ha lamentado que los más de 120.000 empleados públicos de Castilla-La Mancha vean que el texto sale adelante sin el apoyo del PP, a quien ha pedido que diga "qué es lo que harían si gobernasen", convencido de que lo que hicieran lo harían "a la murciana": reduciendo las nóminas de los empleados y aumentando su jornada de trabajo.

Antes de aprobarse la ley, el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas ha vuelto a subir a la tribuna para criticar la actitud del PP ante un texto, que finalmente se ha aprobado con la aceptación de la mitad de las enmiendas del PP por parte de los socialistas, y la aprobación de una disposición adicional nueva, transada por ambos grupos. MOVILIZACIÓN

Antes del comienzo del pleno y del debate de esta Ley, unas 30 personas, movilizadas por el sindicato CSI.F, se han concentrado en el Paseo del Tránsito, junto a las Cortes regionales, contra la Ley de Empleo Público de Castilla-La Mancha.

En declaraciones a los medios, el presidente autonómico del sector de Administración de CSI.F, Roberto Rincón, ha señalado que el sindicato se abstuvo en las negociaciones de la ley porque entendía que le faltaban "importantes" aportaciones como que los puestos de libre designación se reduzcan y que sean reservados para puestos técnicos, así como que el personal directivo profesional desaparezca de la norma.

Rincón ha dicho que al CSI.F le ha llamado la atención que, a última hora, el PSOE haya llevado este texto a las Cortes, ya que este sindicato creía que ya no se llevaría a efecto. "Tienen interés en vender que han aprobado una ley más en esta legislatura", ha opinado.