Según ha indicado el organismo en una nota, la actual coyuntura económica causa "graves consecuencias" en la Cámara de Comercio, que, como institución empresarial, "también se está viendo afectada por la merma de sus recursos presupuestarios y financieros". Así, achaca esta situación a la brutal caída de los ingresos procedentes del recurso cameral permanente —cuota cameral— cuyas previsiones de recaudación se habían reducido ya en ejercicio anteriores hasta el 70 por ciento, en concreto, en 2010 ya se registró ese descenso de recaudación.

Asimismo, también observan el efecto que provoca en los ingresos de las Cámaras la entrada en vigor del Real Decreto de 3 de Diciembre de 2010, por el que se suprime la cuota cameral obligatoria a las empresas desde el 1 de enero de 2011. En este nuevo escenario y en pleno proceso de reorientación del nuevo sistema organizativo y de servicios, la Cámara de Comercio ha acordado a través de sus máximos órganos de gobierno la aplicación de una serie de medidas de ajuste y regulación que permitan adaptar la estructura al nuevo modelo y a la nueva situación legal.

En este proceso, desde los órganos de gobierno, comité ejecutivo, pleno y presidente, se les ha ofrecido a los representantes de los trabajadores diversas opciones de desvinculación laboral que finalmente no han podido ser negociadas de forma colectiva ante "la falta de propuestas y la contestación a través de medidas de presión".

Por todo, ello, el pleno integrado por un total de 34 empresarios, y como máximo órgano de gobierno, ha acordado en la sesión celebrada en este martes la supresión de siete empleos como parte de las medidas necesarias para hacer frente "no solo a la actual situación, sino también al futuro más inmediato".

Por su parte, los trabajadores remitieron un escrito al pleno de la Cámara de Comercio la pasada semana, en el que los expusieron sus planteamientos y reivindicaciones sobre cuestiones como la externalización de servicios, bajas voluntarias, reducciones salariales, o despidos objetivos, entre otras medidas. Entre otras cuestiones, solicitaron al pleno de la Cámara que en caso de que se ejecutaran despidos, que éstos fueran "dignos e imparciales" y que se basaran en datos económicos.