SEPRONA imputa a 3 personas por apropiación indebida de un perro y esclarece un delito de falsedad documental

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha imputado a tres personas por apropiación indebida de un perro y también ha esclarecido un delito de falsedad documental en certificados veterinarios con otros tres imputados.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) ha imputado a tres personas por apropiación indebida de un perro y también ha esclarecido un delito de falsedad documental en certificados veterinarios con otros tres imputados.

Al parecer, el perro fue sustraído en una vivienda en Pinseque (Zaragoza) y en el momento de su recuperación carecía del correspondiente chip de identificación. Además, en la inspección de una finca en Pedrola, se detectaron un total de 40 infracciones administrativas y se observaron irregularidades en los Certificados veterinarios de varias Cartillas Sanitarias, informan desde la Dirección General de la Guardia Civil.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de noviembre de 2010 cuando fue sustraído en el jardín de una vivienda en Pinseque un perro de la raza Yorkshire. Su propietario presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Local del municipio.

El 20 de enero de este año, el SEPRONA de la Guardia Civil de Zaragoza tuvo conocimiento de que dos personas (un hombre y una mujer) se presentaron en una clínica veterinaria de un barrio de esta capital con un perro de esta raza. La mujer manifestó entonces que se lo habían donado y que carecía de microchip por lo que se interesó por los trámites a seguir para formalizar la propiedad del animal.

En el desarrollo de estas investigaciones, los miembros del SEPRONA detectaron que dicho perro sí que tenía colocado un microchip y que su número coincidía con el del animal sustraído en Pinseque.

Realizadas las gestiones oportunas, se localizó en Pedrola a B. U. M., mujer, natural de dicha localidad, de 49 años de edad. En su poder tenía dos perros, uno de la raza Yorkshire al que no se le detectó microchip y presentaba un corte en la parte superior del cuello.

El perro fue trasladado por la Guardia Civil ante los servicios veterinarios para su reconocimiento, que certificaron que el corte que presentaba el animal en el cuello podía deberse a que se le hubiera sido quitado el microchip que portaba, a la vez que se identificaba a dicho animal como el reconocido facultativamente días antes, en su presentación por B.U.M.

Así, el 31 de enero de este año se procedió a imputar a B.U.M., como presunta autora de un delito de apropiación indebida. La Guardia Civil considera que ésta, aún a sabiendas de que el perro era sustraído, decidió quedarse con el mismo y pudo disponer que se le quitase el microchip que portaba.

El 1 de febrero, se localizó el acompañante de la imputada en la visita veterinaria, cuyas iniciales corresponden a F. C. T., de 27 años, natural de Zaragoza, al que la Guardia Civil también ha imputado por delito de apropiación indebida.

Tras estos hechos se realizó una visita e inspección por los miembros del SEPRONA de una finca en Pedrola, propiedad de un vecino de la misma, de 53 años de edad, quien, según la Guardia Civil, facilitó, con lucro, a B.U.M. el perro, a sabiendas que el mismo había sido sustraído, por lo que se le imputa un delito de receptación.

Como resultado de la inspección, se han localizado en dicha finca 26 perros y 2 yeguas. Los miembros del SEPRONA también han comprobado que, de ellos, 5 perros y 1 yegua carecían del correspondiente microchip que los identificase y acreditase su propiedad.

A su vez, se han detectado irregularidades en parte de la documentación y falsedad documental en certificados veterinarios presentados, consistente en la expedición de pasaporte sanitario sin cotejarse con la documentación del microchip del perro, así como que la cartilla sanitaria presentaba una etiqueta identificativa que correspondía a otro animal.

Desde el SEPRONA se han formulado 40 denuncias por infracciones las administrativas detectadas, que se han tramitado al departamento competente del Gobierno de la Comunidad Autónoma y se le ha imputado al propietario de la finca citada un delito de falsificación documental, en el que también están implicados e imputados por la Guardia Civil dos profesionales de la sanidad animal colegiados en Zaragoza.

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