Nueva Rumasa adeuda entre 6 y 7 millones de euros a más de 500 ganaderos de vacuno por el impago de leche en los últimos tres meses, informaron este lunes fuentes del sector agrario, que destacaron que los proveedores "están pagando" también las consecuencias de la situación económica por la que atraviesa el grupo empresarial de la familia Ruiz-Mateos.

A ellos se suman además otros 200 productores de caprino, que igualmente se han visto afectados por el impago de materia prima por parte del entramado empresarial, que compra unos 200 millones de litros de leche al año, a través de Clesa, Cacaolat y Dhul.

"Se trata de leche que está sin pagar o con pagarés devueltos", explicaron las mismas fuentes, que señalaron que el grupo compra la leche a través de intermediarios, que son los que tienen que afrontar el pago a los ganaderos.

En concreto, proveedores de Clesa han empezado a adoptar medidas jurídicas ante el impago de materia prima que sirven a esta empresa, y además han dejado de servir leche desde el pasado 1 de enero.

Los expedientes de los procedimientos preconcursales solicitados por Nueva Rumasa para diez de sus mayores empresas están repartidos por juzgados de cinco comunidades autónomas, informaron fuentes jurídicas.

Las comunicaciones de Nueva Rumasa para acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que concede un plazo de tres meses prorrogable a cuatro para renegociar su deuda y evitar la entrada en concurso de acreedores, se han presentado ante diferentes instancias de Madrid, Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Baleares.

Según el experto en derecho concursal del bufete Jausas Agustí Bou, en caso de que las empresas entren en concurso de acreedores, la dispersión de los procesos en varias comunidades favorecerá a los pequeños acreedores -proveedores, trabajadores, etc- mientras que la acumulación en un sólo juzgado será mejor para las entidades financieras y para lo inversores en pagarés.

Por otro lado, Bou añadió que la propia Nueva Rumasa ha decidido acudir a diferentes juzgados para acogerse al periodo de negociación previo al concurso, tal y como le permite el artículo 3 de la Ley Concursal, por lo que una posible acumulación la decidirá el juez de la empresa "dominante" o de Madrid, ciudad donde se encuentran las principales oficinas del entramado empresarial.

Estaba previsto que este lunes Facua-Consumidores en Acción solicitase a la Fiscalía que investigue si una de las empresas de la familia Ruiz Mateos, Carnes y Conservas Españolas (Carcesa), ha incurrido en un delito de estafa en la emisión de pagarés supuestamente destinados a la compra de nuevas compañías.

Facua anunció en un comunicado que pedirá a la Fiscalía Provincial de Badajoz que abra diligencias previas para determinar si Carcesa, con domicilio social en Mérida, estafó a los inversores que adquirieron los pagarés que emitió en 2009 utilizando su dinero para cancelar créditos y prestar dinero a otras empresas de Nueva Rumasa.