El empresario jerezano José María Ruíz-Mateos anunciaba este jueves que, 28 años después de la expropiación de Rumasa, vuelve a estar al borde de la quiebra, en un proceso legal que le obliga a refinanciar la deuda o a encontrar un nuevo socio inversor en tres meses.

Nueva Rumasa es un entramado empresarial compuesto por más de un centenar de compañías. La mayoría están radicadas en paraísos fiscales y no consolidan holding, por lo que no están sujetas al control de la administración. Sus campos de negocio son la alimentación, las bodegas, las actividades turísticas, el sector inmobiliario y la distribución. Las más conocidas: Clesa, Cacaolat, Trapa, Dhul, Tranchettes, o Elgorriaga. También figuran una veintena de hoteles, así como el equipo de fútbol Rayo Vallecano. El gérmen de Nueva Rumasa se remonta a 1996, cuando, ayudado por sus hijos, el empresario jerezano José María Ruíz-Mateos reinvierte lo que consiguió evadir de la expropiación de Rumasa para crear la nueva marca de la abeja. Nueva Rumasa presume de tener 10.000 empleados, cifra que los sindicatos rebajan a 6.000 y un valor patrimonial de 5.900 millones de euros, tasación que también los expertos ponen en duda.

Nueva Rumasa tiene una deuda de 700 millones de euros con 23 instituciones de la banca, los acreedores y los organismos públicos. La mayor parte de la deuda corresponde a Clesa y a Dhul, que juntas suman un negativo de 434 millones de euros. De hecho, Clesa está inmersa en un ERE y los trabajadores llevan meses denunciando que no cobran.

Los bancos con los que más deuda tienen estas sociedades, el Royal Bank of Scotland y el Banco Santander, han apremiado a la familia Ruíz-Mateos a satisfacer buena parte de lo debido, procediendo al embargo de bienes y propiedades para cubrir los impagos.

La administración, esta vez y a diferencia de lo que ocurrió con Rumasa (leer más abajo), ha tenido una intervención menor: esta misma semana, y después de varios aplazamientos, la Tesorería General de la Seguridad Social ordenaba embargos preventivos de bienes de propiedad de las sociedades de la familia Ruíz-Mateos por no estar al día en el pago de las cuotas.

Desde el año 2009, Nueva Rumasa viene captando financiación de pequeños inversores mediante emisiones de pagarés que, con un importe mínimo de 3.300 euros, se comprometía a devolver un 8% de rentabilidad anual. La empresa asegura que 5.000 inversores han confiado en la compañía desde entonces, pese a que la Comisión Nacional de Valores del Mercado advirtiera hasta en siete ocasiones del riesgo que ello representaba. “Las emisiones de pagarés no han sido inscritas en el Registro Mercantil, lo que supone, sin perjuicio de otras posibles consecuencias, que no han sido objeto de revisión y calificación por un Registrador Mercantil”, decía uno de sus comunicados.

El presidente de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, anunció este jueves en una rueda de prensa en Madrid -en la que compareció junto a sus seis hijos varones- que las diez principales empresas del grupo se acogían a la nueva Ley concursal para renegociar la deuda y tratar de evitar la suspensión de pagos. Ahora, la empresa tiene tres meses para llegar a un acuerdo de refinanciación y para conseguir un socio que le aporte liquidez (la empresa dice que está en “avanzadas” conversaciones con un posible inversor extranjero). Las empresas afectadas son: Clesa, Garvey, Hotasa, Dhul, Elorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y el Rayo Vallecano.

Los miles de ahorradores que invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa son los más afectados por esta situación. Ellos serían los últimos en cobrar, sí lo hacen, después de bancos y Seguridad Social, que se consideran acreedores privilegiados. Para calmar a esta comunidad de 5.000 inversores, Ruíz-Mateos dijo en la rueda de prensa: “Si no devolvemos hasta el último euro a nuestros inversores, me pegaría un tiro en la cabeza, si es que la fe que profeso me lo permitiera”. En declaraciones a Onda Cero, Ruiz Mateos ha insistido en calmar a los inversores lanzando el mensaje de que la tesorería de Nueva Rumasa es "extremadamente desahogada", la solvencia es "enorme" y hay capacidad "más que suficiente" para atender todos los compromisos adquiridos.

Los 5.000 inversores de pagarés de Nueva Rumasa no serán los últimos en cobrar si las sociedades del grupo de José María Ruiz-Mateos finalmente se acogen al concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Según expertos consultados por la agencia Efe, tendrán prioridad para cobrar las cantidades invertidas aquellos que hubieran acudido a una emisión de pagarés que contara con una garantía real que asegure la devolución del dinero. La publicidad de la tercera emisión de pagarés de Nueva Rumasa (que ofrecía una rentabilidad del 8%) sostenía que la devolución de la inversión estaba respaldada por una "garantía real ante notario", que eran las existencias de brandy de jerez de la marca "Conde de Jerez", con un valor de 1.200 millones de euros, según el profesor del IESE Pablo Fernández.

Por su parte, los inversores en pagarés no garantizados tendrán el carácter de acreedores ordinarios, es decir, que cobrarán después de que lo hayan hecho los privilegiados generales (como Hacienda o la Seguridad Social) o los privilegiados especiales (como los que tienen garantías), explica Agustín Bou, socio del despacho de abogados Jausas. "Los últimos en cobrar sólo serán aquellos inversores que hayan suscrito ampliaciones de capital, ya que se están convirtiendo en accionistas", añade el socio de CMS Albiñana & Suárez de Lezo Juan Ignacio Fernández Aguado, que insiste en que no es el caso de los inversores en pagarés.

El jerezano José María Ruíz-Mateos tiene 79 años y comenzó su andadura empresarial en el año 1961 exportando vinos a Inglaterra y en los primeros años de la democracia se convirtió en el hombre más rico de España como presidente de un holding llamado Rumasa, constituido por más de 700 empresas y 18 bancos, con una plantilla de más de 60.000 personas, facturando más de 2.000 millones de euros anuales. Entre sus empresas figuraban Galerías Preciados, Almacenes Sears, la cadena hotelera Hotasa, varias bodegas y Loewe. Casado con Teresa Rivero, tienen trece hijos, siete chicas y seis chicos, y es miembro del Opus Dei y gran donante de los Legionarios de Cristo.

El 23 de febrero de 1983, hace ahora 28 años, el primer Gobierno de Felipe González emitió un decreto ley por el que se expropiaba Rumasa “por razones de utilidad pública e interés social”. El entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, siempre defendió que con este decreto se trataba de evitar la crisis total de un grupo que estaba en quiebra. Se descubrió que Rumasa tenía una doble contabilidad y un agujero de más de 100.000 millones de pesetas.

El empresario siempre defendió, y lo vuelve a hacer ahora con Nueva Rumasa, la teoría de una conspiración contra su persona por parte de grupos de comunicación y políticos. En los días posteriores al decreto, Ruíz-Mateos intentó evadir grandes cantidades de dinero, se fugó a Londres y luego a Francfurt, donde fue detenido y desde donde fue repatriado. Los procesos judiciales por la expropiación no le han dado más que disgustos, y uno de ellos le mantuvo una semana en la prisión de Alcalá Meco.

En mayo de 1989, Ruíz-Mateos propinó un puñetazo en la cabeza al que fuera ministro de Hacienda en el momento de la expropiación, Miguel Boyer, a la salida del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid y pronunció la famosa frase de "¡Que te pego, leche!". Populista y ultraconservador, ahora este empresario será recordado también por una nueva advertencia que será más difícil que cumpla, pues se lo prohibe su fe: “Si no devuelvo hasta el último euro a los inversores, me pego un tiro”.