El número de ejecuciones hipotecarias aumentó un 8,06% en los nueve primeros meses del 2010 debido al agravamiento de la crisis, hasta alcanzar los 71.187 casos. Se trata del triple que en todo el año 2007, antes de que empezaran los problemas económicos.

Así se recoge en la información del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) detallada por tribunales de justicia correspondiente a los tres primeros trimestres del año pasado, que constata que sólo tres autonomías -Comunidad Valenciana, Cataluña y Andalucía- agrupan casi la mitad de los embargos hipotecarios.

Las ejecuciones hipotecarias, que reclaman sobre todo las entidades financieras y que afectan tanto a particulares como a empresas, alcanzaron su máximo nivel en el primer trimestre de 2010, cuando se contabilizaron 27.561 demandas.

Ya en 2009 se registró una cifra récord de reclamaciones en toda España, con 92.632 en todo el año, un 59% más que en 2008, año en el que la crisis se desató en todo su apogeo y en el que se duplicaron los casos.

Casi una de cada cinco solicitudes de ejecución hipotecaria de las registradas entre enero y septiembre se presentó en la Comunidad Valenciana, que, con 14.086 casos, lidera el ránking autonómico a falta del último trimestre del año.

Le sigue muy de cerca Cataluña, con 14.007; Andalucía, con 13.242, y Madrid, con 8.078. Donde menos embargos hipotecarios se han pedido ha sido en La Rioja (486), Navarra (521) y Cantabria (528).

El CGPJ, el máximo órgano de gobierno de los jueces, ha avisado en repetidas ocasiones de que las estadísticas no dan la "idea real" de todos los inmuebles que se están ejecutando en los juzgados, porque una única petición puede conllevar la subasta de varios bienes, de modo que "puede ser todavía más alarmante el incremento detectado".

Varias sentencias dictadas en las últimas semanas han puesto en tela de juicio el procedimiento legal para saldar la deuda hipotecaria en España, que establece que la mera entrega de la vivienda no es suficiente si su venta o subasta no alcanza la cantidad prestada.

Con las demandas de ejecución por impago de hipoteca se permite que las entidades financieras u otros acreedores subasten el bien (normalmente una vivienda o un edificio) para recuperar los importes prestados más los intereses.