La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que agrupa a afectados por sentencias de derribo, llevará a cabo un encierro con ayuno de dos días, desde el día 25 a las 20 horas hasta el 27 a la misma hora, como "alternativa" a la huelga de hambre que algunos de sus miembros querían llevar a cabo.

Así se ha acordado en una reunión extraordinaria celebra este domingo para debatir su situación, en la que se ha pedido a las familias que "por la desesperación" habían manifestado su intención de realizar una huelga de hambre que no lo hagan, debido a las "graves consecuencias" que podría tener para su salud.

Además, y según ha informado la asociación en un comunicado, las direcciones de AMA y de los colectivos de afectados por las leyes de Costas y de Montes se reunirán el sábado 26 de para poner en marcha la Plataforma de Asociaciones a favor de Cantabria (PAC).

La asociación ha acordado asimismo que estarán "presentes "en los principales actos de los partidos políticos durante la campaña electoral, con "pancartas y banderas pidiendo una solución justa y rápida".

En la reunión, en la que se han vuelto a pedir "dimisiones" por "falta de actuación", se ha hecho un llamamiento al Gobierno de Cantabria, a los ayuntamientos y a los jueces para que "de una vez" den una solución "real" y "aplicable", al "grave problema" que han generado a los afectados.

Recuerdan en este sentido que las instituciones cántabras "están condenadas en 26 sentencias firmes", mientras ellos "sufren" las consecuencias de sus actos "ilícitos".

Asimismo, la asociación denuncia la actitud de quienes hacen "demagogia" con su situación, "dicen que ponen todo su Gobierno a trabajar y cinco años después no hay una sola familia" que haya resuelto su problema.

AMA ha pedido también "responsabilidades" y denunciado los "daños" causados por los ayuntamientos, y ha señalado que el auto sobre Pueblo del Mar dice que los afectados "no son los que deben presentar los incidentes", sino las administraciones, sobre todo los ayuntamientos.

Destaca al respecto que la "falta de actuaciones" de estas instituciones esta produciendo un "grave daño" a todos los ciudadanos de Cantabria, a los que su "desidia" les "puede costar más de 300 millones de euros.

La asociación añade que el Gobierno regional "ha mentido" a los representantes de los afectados en el tema de la zonificación del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales) de Santoña, Victoria y Joyel, y pide la dimisión de los responsables de que un proyecto de ley que estaba realizado en julio de 2010, actualmente "no esté presentado".

Por ello, insta al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, a que "depure" la responsabilidad por este tema, para no verse "obligados" a tener que pedir "su propia dimisión".