Cerca de un centenar de causas judiciales abiertas en Galicia tienen entre sus implicados a cargos públicos y políticos de distintos ayuntamientos, que, en una parte importante, están acusados de delitos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente.

Así, según datos recabados por la Fiscalía Superior de Galicia, a 20 de noviembre de 2009 estaban abiertas en la Comunidad un total de 86 causas que implicaban a cargos públicos, a las que hay que sumar otras 10 denuncias genéricas y otros casos sucedidos recientemente, como el que estos días afecta a los municipios de Cee, Mazaricos y Fisterra.

Con los datos de la Fiscalía, en la provincia de A Coruña se mantenían abiertas a finales de 2009 un total de 15 causas, entre las que se encuentran casos como el de Oleiros, que implicaba a su alcalde, Ángel García Seoane; o el de Arteixo, en el que se investigaron las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior regidor a través de empresas constructoras de las que era propietario y copropietario.

También el alcalde de Aranga, Manuel Brañas, fue investigado por corrupción urbanística y la Fiscalía contabilizó otras 10 denuncias genéricas por medio ambiente y urbanismo contra ayuntamientos coruñeses.

A estos se suman también otros casos más recientes como la investigación abierta por la 'Operación Orquesta', que implica a cargos públicos de Cee, Mazaricos y Fisterra; o la causa contra el alcalde de Trazo por un supuesto delito de malversación de fondos. PONTEVEDRA

Por su parte, la provincia de Pontevedra contaba a finales de 2009 con 34 causas abiertas con implicación de cargos públicos, como el conocido caso de Gondomar, en el que estuvieron implicados dos concejales, la novia de uno de ellos y un arquitecto técnico acusados de un delito de cohecho. La Audiencia Provincial falló el pasado año el caso con una multa de 675.000 euros a cada uno de los exconcejales.

Además, en Nigrán se vio implicado en un proceso el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto intento de recalificación y, más recientemente, se abrió una investigación en A Guarda por falsificación en el PGOM.

En relación a la provincia de Lugo, el número de causas que facilita la Fiscalía son 29, una de ellas la última gran investigación a nivel municipal, la llevada a cabo en Castro de Rei hace dos años, donde el alcalde fue detenido junto a tres concejales por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Además, las causas también han afectado a otros municipios de la provincia como Foz, Barreiros o Cospeito.

Finalmente, el en caso de la provincia de Ourense, los casos abiertos a finales de 2009 y que implican a cargos públicos disminuían hasta los ocho, lejos de las cifras más elevadas de las provincias costeras.

En cuanto al color político de los ayuntamientos implicados, los datos de la Fiscalía evidencian que un 53,4 por ciento pertenecían al PP, un 34,8 pertenecían al PSdeG y un 9,3 por ciento al BNG, mientras que en un caso se trataba de un ayuntamiento de Terra Galega y uno gobernado por Independientes.