El juez instructor del caso Gürtel ha solicitado en un auto diversa documentación, fechada en 2000 y 2001, al Ministerio de Economía, al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española en relación a adjudicaciones a empresas relacionadas con la trama de Francisco Correa.

Según publican este miércoles varios medios, el magistrado Antonio Pedreira se apoya en los informes que la Policía y la Fiscalía Anticorrupción han elaborado sobre contrataciones que salpican al Grupo Ros Roca -que recibió créditos de ayuda al desarrollo (FAD) durante la última legislatura de José María Aznar- y a otras 18 empresas, entre las que habría dos propiedad del ex diputado del PP al Congreso por Segovia Jesús Merino, según Público.

El juez habría pedido también información a los Ayuntamientos de Logroñó, Soria, Zaragoza y Ador (Valencia) y a la Junta de Castilla y León. Por otro lado, Pedreira decidió levantar, de forma provisional, la imputación que pesaba sobre los abogados Manuel Delgado Solís, que defendió a Francisco Correa y a Antoine Sánchez, y José Antonio López Rubal, que representó a Pablo Crespo y a Alvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigotes'.

En otro auto, recalca que "de una lectura reflexiva y resposada de la investigación no se deduce, en este momento, que estos dos profesionales incurriesen en comportamientos delictivos". A esta resolución se opuso la Fiscalía Anticorrupción en un escrito remitido el pasado 21 de diciembre al magistrado.

El sumario del 'caso Gürtel' desvela entre otras cuestiones que el 24 de febrero de 2009 López Rubal mantuvo una conversación con Crespo, en la que éste ordenó al abogado la "ejecución" de los fondos que la red habría ocultado en Suiza, según los informes policiales. Otro de los aspectos que contiene el sumario es que presuntamente estos letrados trataron de "controlar las comisiones rogatorias mediante la búsqueda de despachos que planteen pleitos para impedir la ejecución de las mismas".

Por otro lado, la investigación del caso Gürtel podría pasar del TSJM a un Juzgado ordinario de la capital si no se abre juicio oral antes de que los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco pierdan su aforamiento con motivo de la disolución de la Cámara regional por las elecciones que se celebrarán el próximo 22 de mayo.

El caso Gürtel en Madrid se investiga en el TSJM por el aforamiento de los diputados no adscritos López Viejo, Bosch y Martín Vasco. Las elecciones autonómicas y municipales obligarán a la disolución de la Asamblea de Madrid un mes antes del próximo mayo, por lo que los diputados perderán su condición de aforados. El magistrado deberá dictar el auto de apertura de juicio oral antes de que los diputados pierdan su aforamiento para que sean enjuiciados por el TSJM. Si no se abre juicio oral, la causa pasaría a ser investigada por un Juzgado ordinario de Plaza de Castilla.

En la causa están imputadas más de un centenar de personas, entre ellas altos cargos de la Generalitat valenciana y de Castilla y León, cuyas investigaciones se instruyen en los Tribunales Superiores de Justicia de estas Comunidades Autónomas. La parte que alcanza a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos gobernados por el PP se instruye en el TSJM por el actual aforamiento de los diputados regionales no adscritos y ex parlamentarios del PP.