"El denominado terrorismo global dirigido contra las democracias y sus pueblos amenaza los derechos humanos básicos y fundamentales de los que disfrutan nuestras democracias (...), y aunque si bien la lucha contra este terrorismo es una de las prioridades de la Unión, sólo puede llevarse a cabo con éxito si se respetan plenamente los derechos humanos y las libertades civiles".
Los expertos de la ONU lamentaron que las autoridades de Estados Unidos les hayan negado "un acceso libre" a esos detenidos, así como la posibilidad de "entrevistarlos de manera privada", tal como lo permiten los gobiernos de todos los países que visitan en el cumplimiento de sus funciones.
Ausencia de derechos
Asimismo, criticaron que el Ejecutivo estadounidense actúe en los casos de esos detenidos -unos 500 según las organizaciones de derechos humanos- "como juez, fiscal y defensor, lo que viola las garantías del derecho a un proceso justo".
Además, hace mención a las reiteradas alegaciones sobre el "uso de violencia excesiva", que en algunas circunstancias ha sido registrada mediante fotografías y vídeos.
“Redefinición de la tortura”
El grupo de relatores, nombrados por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU pero que actúan de manera independiente, critica igualmente a Washington por sus "intentos de redefinir la tortura en función de la lucha contra el terrorismo para permitir ciertas técnicas de interrogación" que están prohibidas a nivel internacional.
La confusión entre lo que son técnicas de interrogación autorizadas y no autorizadas es particularmente alarmante
En ese sentido, el texto afirma que ciertas modalidades de interrogación "autorizadas por el Departamento de Defensa (de EEUU) violan la Convención contra la Tortura, particularmente si son utilizadas de manera simultánea".
Falta de imparcialidad
También transgrede ese instrumento internacional "la ausencia de cualquier investigación imparcial sobre las alegaciones de torturas, lo que deriva en la impunidad de los responsables", agrega.
Asimismo, los relatores subrayan que "todas las condiciones de confinamiento en Guantánamo constituyen una violación al derecho a la salud", debido a que provocan "un profundo deterioro de la salud mental de los detenidos".
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