La crisis está provocando la incorporación de personas que llevaban una vida normalizada a los programas de intervención social y empleo que presta la Cruz Roja para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social.

El desempleo y la carencia de rentas para pagar la hipoteca, el alquiler de la vivienda o comprar alimentos, son algunas de los problemas de estas personas que han acudido a pedir asistencia, según el último informe sobre vulnerabilidad social, que advierte que empeora la situación de los colectivos que ya estaban recibiendo cualquier tipo de ayuda.

Cruz Roja estima que el número de usuarios del Plan de Intervención Social ascenderá este año a 1.581.101, de los que 673.170 lo han sido del programa de alimentos, ha explicado el coordinador general de la organización, Antoni Bruel, quien ha destacado el aumento en el 83% del total de usuarios respecto a 2008 (fueron 864.135).

El informe analiza la situación con los datos obtenidos de mil entrevistas realizadas el pasado mes de julio entre una muestra de 32.032 personas participantes en alguno de los programas de intervención social. "Casi la mitad de ellos está desempleado y si hasta ahora la mayoría pertenecían a colectivos con baja cualificación, en estos momentos se empiezan a igualar con los usuarios con cualificación profesional", ha señalado el responsable de Cruz Roja Española.

El impacto de la crisis ha sido especialmente duro con las personas que participaban en los programas, ya que crece el porcentaje de los que se hallaban en niveles de vulnerabilidad alta y extrema. Seis de cada diez personas atendidas vive por debajo del umbral de la pobreza (menos de 600 euros para un miembro y de 1.300 euros al mes para una familia con dos hijos), un 15% no tiene ningún ingreso y el 35% vive en la pobreza severa (-500 euros).

Además, el barómetro de vulnerabilidad de Cruz Roja indica la consolidación del desempleo de larga duración; el 50% lleva sin trabajo más de un año y medio y el 25% más de tres años. El nivel de desempleo de los colectivos con los que trabaja la organización dobla al de la población general y en diez meses ha pasado del 31% al 46%. De ellos, siete de cada diez carece de cobertura de desempleo, mientras que ese porcentaje de la población en paro sí que recibe algún tipo de renta, aclara el informe.