El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, subrayó que el sector lácteo contará con mayor seguridad jurídica una vez aprobados los reglamentos comunitarios y promulgado en España a principios de año el real decreto para facilitar la contratación en los productos lácteos.

"Estaremos en una situación de más seguridad jurídica y podríamos tener mejores garantías para que el sistema de relaciones contractuales pueda estar funcionando", afirmó Puxeu tras la reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE.

Puxeu remarcó que el Ministerio ya está trabajando con la Interprofesional Láctea sobre el borrador del Real Decreto que implantará los contratos obligatorios y que también abordará con las comunidades autónomas, con el propósito de aprobarlo "a primeros de año".

En el encuentro con los representantes de los gobiernos autonómicos, también se analizó la comunicación de la Comisión Europea sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC).

"Hemos mantenido un debate en torno al inicio, los escarceos de tomas de posición, para conseguir una PAC fuerte, potente, que responda a los retos de la Unión Europea y garantice las rentas agricultores, la seguridad alimentaria, la gestión del medio rural y los intereses ambientales y de generación de empleo que se han venido prefijando a nivel de jefes de Estado", dijo el alto cargo del Ministerio.

La Comisión Europea ha propuesto que los productores puedan unirse para negociar los precios de la leche y reforzar así su peso en los contactos con la industria y ante las grandes lecherías, si bien prevé establecer "límites" al tamaño de esas agrupaciones para evitar que pongan en riesgo la libre competencia dentro de la UE y no será aplicable para las explotaciones que formen parte de una cooperativa.

El comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, ha presentado este jueves el primer paquete de medidas legislativas para proteger el sector lácteo tras las conclusiones del grupo de alto nivel creado 'ad hoc' para buscar soluciones a la crisis y frenar la caída de los precios en origen. Con las nuevas normas Bruselas también quiere ayudar al sector a adaptarse a la liberalización del mercado, previsto en 2015 con el fin de las cuotas de producción.