Los jueces centrales de instrucción de la Audiencia Nacional que investigan causas relacionadas con Estados Unidos han negado haber recibido presiones por parte de la embajada de este país y han calificado de correcto el papel desempeñado por la Fiscalía del tribunal en relación con estas causas.

El juez Santiago Pedraz, instructor de la causa abierta por la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak el 8 de abril de 2003, ha asegurado este mates que mantiene con la embajada norteamericana una relación meramente institucional a causa de su puesto como juez decano de la Audiencia Nacional.

Así, ha indicado que acudió como invitado a la legación en distintas festividades norteamericanas como el Día de Acción de Gracias o la celebración de la Fiesta Nacional el 4 de julio, siempre en calidad de juez decano.

En declaraciones a Europa Press, Pedraz ha explicado que en cuanto a la instrucción de las causas relacionadas con instituciones, ciudadanos o empresas norteamericanas, mantiene contacto con el funcionario de la legación diplomática encargado del auxilio judicial a magistrados, que le facilita gestiones como el envío de comisiones rogatorias y otras gestiones jurídicas, al igual que hace con las embajadas del resto de países relacionados con sus investigaciones.

"somos maduros para no dejarnos presionar"

Por su parte, el juez Eloy Velasco, responsable de la causa contra seis miembros de la administración Bush por la construcción de la base legal que permitió la apertura y las prácticas desarrolladas en la prisión de Guantánamo, ha manifestado que nunca se ha sentido presionado en el desarrollo de su actividad. "Somos lo suficientemente maduros para no dejarnos presionar", ha afirmado.

Además, ha calificado de "coherente" la postura mantenida por la Fiscalía en esta causa. El Ministerio Público que dirige Javier Zaragoza se opuso a la petición realizada por el juez Baltasar Garzón de acumular este caso a otro que investigaba el Juzgado Central de Instrucción número 5 sobre torturas a presos de la cárcel.

Ministro de justicia

Acerca de las revelaciones, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha afirmado que no le consta que la diplomacia estadounidense presionara a altos cargos españoles con el objeto de entorpecer las causas abiertas en España contra políticos y militares americanos. Ha defendido que los fiscales "se pronuncian siempre con luz y taquígrafos" en sus escritos y ha criticado que la información de Wikileaks está "descontextualizada" y basada en "valoraciones subjetivas".

"Es una información de parte, basada en valoraciones subjetivas que se producen en un entorno discreto y que ahora se descontextualiza, lo cual afecta a todas sus eventuales interpretaciones", ha contestado Caamaño al ser preguntado sobre los documentos filtrados por la web Wikileaks que citan la utilización de fiscales y altos cargos españoles, entre ellos Conde-Pumpido y Javier Zaragoza, para interferir en las investigaciones abiertas por el 'caso Couso', los vuelos de la CIA o las torturas en Guantánamo.

En una rueda de prensa celebrada en el Ministerio de Justicia, con motivo de la transferencia de las competencias en esta materia a La Rioja, Caamaño ha recalcado que las decisiones de todos los empleados públicos, y en particular las del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, "no pueden ser más claras y transparentes" y constan "argumentadas en Derecho" en los correspondientes procesos.

Lo que sí le consta, ha añadido, es que hay "muy buenas relaciones" entre España y Estados Unidos, "dos países amigos que además tienen muchos intereses" en juego.

Al ser preguntado si Estados Unidos se ha interesado por la reapertura del 'caso Couso', ha indicado que este país, como cualquier otro, se pone en contacto y solicita información sobre asuntos que le afectan. "Así lo hace el propio Gobierno de España cuando un español tiene algún asunto en el exterior. Lo primero es informarse y saber cómo está la situación para adoptar las peticiones que dentro de sus competencias cada uno pueda adoptar", ha señalado.

Según el ministro, más allá de que pudiera haber solicitudes de información —"que son habituales"—, lo importante es que los fiscales se pronuncian siempre con "luz y taquígrafos" en sus escritos.

Asimismo, el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que hay que tener en cuenta que los cables de la Administración estadounidense filtrados en Wikileaks —que se refieren a las causas judiciales abiertas en España contra militares y políticos estadounidenses— son meras "filtraciones de parte", y que por ello no deben incidir en la "plena confianza" de los ciudadanos en la Administración de Justicia.

Reacciones políticas

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, quien fue ministro de Interior y de Defensa en los años de los documentos de la embajada de Estados Unidos que acaba de hacer públicos Wikileaks, ha querido dejar claro que al Gobierno y las autoridades españolas se les debe juzgar por sus hechos y no por esas opiniones "unilaterales" de los funcionarios americanos recogidas en los papeles filtrados.

En rueda de prensa en el Congreso, Alonso hizo hincapié en que los papeles recogen "prácticas diplomáticas entre comillas" de la embajada de Estados Unidos en Madrid y por tanto reflejan "opiniones unilaterales" de los funcionarios norteamericanos, en algunos casos sobre "conversaciones privadas".

A su juicio, esos testimonios deben ser contrastados con los hechos que realmente sucedieron en esos años y ahí dijo tener la conciencia tranquila. "En mi caso (de ministro), siempre se ha respetado la legalidad y se ha rechazado cualquier mínimo atisbo de ilegalidad", proclamó.

Preguntado por la actuación de la fiscalía, señalada directamente en los papeles de Wikileaks como colaboradora de Estados Unidos en casos como los del asesinato de Couso y los vuelos de la CIA, el ex ministro insistió en que "a los responsables públicos hay que tasarles por lo que hacen y no por lo que dicen que hacen".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rehusado pronunciarse sobre el contenido de la información 'secreta' estadounidense facilitada por Wikileaks a varios medios de comunicación y ha pedido una "respuesta conjunta" de la comunidad internacional sobre este tipo de filtraciones, habida cuenta de que los documentos hechos públicos "pueden afectar a aspectos importantes en las relaciones diplomáticas e internaciones".

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la Cámara Baja la dirigente del PP, quien ha subrayado que el contenido de las informaciones difundidas por Wikileaks "no ha sido confirmado" y que el PP no se pronunciará de momento sobre las mismas porque es un "partido serio y responsable".

"Me remito a las precisiones que pueda hacer el Gobierno", respondió al ser preguntada sobre las gestiones que, según esa información, habría realizado Estados Unidos con jueces y fiscales españoles para evitar que siguieran adelante asuntos como el 'caso Couso'.

Finalmente, el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, si no explica más y mejor lo que ha trascendido de las filtraciones de documentos diplomáticos de Wikileaks, que en su opinión reflejan una "colaboración inaceptable" con Estados Unidos para "dificultar" procesos judiciales y "tapar" responsables de "crímenes inaceptables".