Javier Couso, hermano del cámara de Telecinco José Couso, muerto en Irak el 8 de abril de 2003, ha anunciado posibles acciones judiciales tras conocer las "gravísimas" revelaciones de Wikileaks sobre el caso judicial.

EEUU presionó al Gobierno español para "frenar o boicotear" las causas abiertas en España contra políticos y militares estadounidenses presuntamente involucrados en el caso Couso y otras causas judiciales, según los documentos publicados por El País.

El hermano de Couso ha asegurado sentir "indignación" y ha explicado que la familia "siempre" ha sabido "que existía connivencia por parte del Gobierno español..., lo sabíamos por la gente buena que todavía existe en los entornos judiciales". "Es algo que llevamos denunciando desde el primer momento", aseveró.

"Yo me pregunto ahora, ¿dónde queda nuestra soberanía nacional?", opinó Couso, quien ha agregado que la familia iniciará acciones legales una vez analizados en profundidad los documentos relativos al Caso Couso en Wikileaks y comprobado que procede. "Lo único que pedimos es que haya un juicio", dijo.

"Estados Unidos se pasa por el forro los Derechos Humanos y la Ley Internacional", denunció. Sin embargo, Javier Couso reconoció que los papeles de Wikileaks les otorgan "fuerza" para continuar investigando el caso de su hermano y también para estudiar y valorar "todas las vulneraciones que hayan cometido tanto la Fiscalía como el Gobierno".

También reprochó al Fiscal Conde Pumpido que les "mintiera" al contestarles que la Justicia española no tenía suficientes competencias como para investigar la muerte de su hermano cuando, según aseveró, se estaba viendo presionado por EEUU. Por otra parte, ha trasladado su satisfacción por el hecho de que hay órganos judiciales que sí les defienden.

Por su parte, el fiscal de la Audiencia Nacional Vicente González Mota ha defendido que las filtraciones de Wikileaks "no comprometen en absoluto la independencia" de la Fiscalía y ha asegurado que este organismo no ha seguido "ninguna instrucción" de la Embajada estadounidense. "Nuestra posición es la legal y en ningún caso es transmitir ante las autoridades judiciales españolas los intereses americanos", ha destacado.

Mota, fiscal encargado de la causa de los vuelos de la CIA y coordinador de terrorismo, ha reafirmado que el Ministerio Público actúa siempre conforme a las leyes y cumple con la "obligación" de informar a las partes y a las asociaciones personadas después de fijar su posición ante el juez y siempre preservando el secreto de sumario.

Así, ha remarcado que "incluso" existe un protocolo de colaboración entre "grupos españoles y americanos" dedicados a la la lucha contra el terrorismo, por el cual "se intercambia información" sobre los procedimientos. "No supone rendir cuentas ni representar los intereses de los americanos", ha indicado.

El fiscal ha asegurado que "nunca" se ha reunido con el embajador estadounidense ni ha recibido visitas desde su legación para archivar ningún caso. Por otro lado, afirma que no le preocupa la información dada a conocer este martes, en la que se le acusa de informar con antelación al agregado jurídico de la legación americana de que no se opondría a la petición de desclasificar documentos del CNI sobre la causa de los vuelos de la CIA.

González Mota ha recordado que ya pidió la desclasificación de estos papeles en diciembre de 2006 en un escrito enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, responsable de la causa, Ismael Moreno. "No queríamos que pareciera que queríamos ocultar nada", ha dicho.

"Yo nunca he pensado que hubiera información relevante en esta materia y la posición de la Fiscalía era que se desclasifique", ha señalado, y ha puesto de manifiesto el interés de la Fiscalía en esta causa ya que incluso solicitó en mayo de 2010 la prisión y la orden de detención internacional de los agentes de la CIA que viajaban en un vuelo que hizo escala en Palma de Mallorca.

Los jueces instructores de la AN Santiago Pedraz y Eloy Velasco también han dado su opinión al respecto. Pedraz, que investiga la muerte del cámara, ha limitado su relación con la embajada norteamericana a actos oficiales como juez decano de la Audiencia Nacional, motivo por el que ha sido invitado a celebraciones como las del 4 de Julio o el Día de Acción de Gracias.

También mantiene relaciones, ha dicho, con la persona dedicada en la embajada del auxilio judicial para la tramitación de comisiones rogatorias.

Desde que en octubre de 2005 el magistrado asumiera la investigación de la muerte de Couso, ha ordenado hasta tres veces la busca y captura de los tres militares estadounidenses imputados en la causa, Philip de Camp, Philip Wolford y Thomas Gibson.

Por su parte, Velasco, que aún espera la respuesta de EEUU para que le informe sobre si ha realizado alguna investigación judicial en relación a la cárcel de Guantánamo antes de decidir si admite o no a trámite la querella contra seis responsables de la creación de este centro de detención, ha recalcado que "obviamente no" se ha sentido presionado por aquel país en su investigación.

Por último, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha negado que Estados Unidos ofreciera cantidad alguna a España por acoger a presos de Guantánamo como se asegura en los documentos filtrados, que cifran en 85.000 dólares por preso la oferta de EEUU.

"Según la información que tengo eso es absolutamente falso, es rotundamente falso que se haya ofrecido cantidad alguna en ese tema", ha dicho. El titular de Justicia ha defendido la actuación de los fiscales y en concreto del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y de Vicente González Mota, quienes -según apuntan los mismos documentos- recibieron presiones de EEUU.