Los agricultores, ganaderos y pescadores de la comunidad gozarán de medidas fiscales de discriminación positiva con el objetivo de favorecer la delicada situación en la que se encuentra el sector primario, según se ha aprobado este martes en pleno del Parlament.

Concretamente, ésta es sólo una de las medidas que contempla la moción defendida por UM con el objetivo de cambiar la política agraria del Govern a medio y largo plazo y, así, convertir a este sector en "rentable" y que no dependa únicamente de las subvenciones.

Mediante la propuesta 'uemita' también se insta al Govern a promover y potenciar el consumo de los productos locales en todas las instituciones públicas de las islas y presentar un plan de cómo lo piensa hacer, para lo que tiene un plazo de dos meses.

Asimismo, contempla otros aspectos como la necesidad de agilizar los trámites administrativos y reducir la burocracia, o llevar a cabo el etiquetado como producto local de la carne y la leche -así como de otros susceptibles de ser etiquetados-.

La diputada de UM Maria Antònia Sureda ha defendido también la necesidad de adoptar otra serie de medidas como iniciativas de apoyo a la compra del alimento de los animales, convocar en el plazo de un mes al Consejo Agrario Interinsular, u otorgar subvenciones para la modernización del sector y el fomento de las razas autóctonas, entre muchas otras.

Todas estas iniciativas se realizarán de forma coordinada con los Consells Insulars, tal y como ha propuesto durante su intervención el líder del Bloc, Biel Barceló, quien, además, ha reconocido que una gran parte del sector agrario considera que las convocatorias de subvenciones son "muy burocráticas".

Por su parte, el socialista Antoni Garcias ha remarcado que muchos de los puntos que contiene la moción son reivindicaciones que Unió de Pagesos ha hecho llegar a los partidos políticos. Además, ha hecho hincapié en el "esfuerzo" llevado a cabo por el Ejecutivo balear en "cuestión de imagen" durante esta legislatura.

Finalmente, el parlamentario del PP Jaume Font ha cuestionado que se puedan poner en práctica todas estas acciones si no se cuenta con el presupuesto necesario.